El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) propuso reforzar las procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia para proporcionar tratamiento adecuado a los 25 mil 700 niños y adolescentes albergados en casas de cuna y orfanatorios del país.

En un diagnóstico sobre el tema, advirtió que se ha identificado que generalmente los niños, niñas y adolescentes que ingresan en un albergue público y/o privado pasan largos periodos de tiempo en las instituciones, debido a la ausencia de planes individualizados que promuevan la reintegración familiar y comunitaria del niño.

También, a la falta de programas y servicios adecuados y suficientes que ayuden a las familias a superar las causas de su institucionalización y fortalezcan sus capacidades para cumplir las responsabilidades parentales.

Según el Coneval, las circunstancias que llevan a los progenitores a renunciar temporal o permanentemente a la guarda y cuidado del niño o que dan lugar al abandono pueden ser eventualmente las mismas que aquellas que, de modo general, limitan las capacidades de las familias para cumplir con sus funciones parentales.

Aunado al hecho, en ocasiones, de no tener solvencia económica que favorezca el cumplimiento de las obligaciones familiares para el cuidado de los menores y su pleno desarrollo.

Conforme a datos de los sistemas estatales del DIF, derivados del Subprograma de Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia, correspondientes a 2013, entre los casi 26 mil menores albergados hay 12 mil 869 niñas y 12 mil 831 niños.

Los motivos generales de ingreso a un albergue son: 6 mil 341 por abandono, 4 mil 841 por haber sufrido maltrato, 244 expósitos, 199 por orfandad, 99 por crimen organizado y 16 mil 33 por otras situaciones, tales como ingreso voluntario, por disposición del Ministerio Público, canalizados por otros sistemas estatales DIF y tráfico de menores, entre otros.

En este análisis, el Coneval recomendó que la aplicación de la medida especial de protección que mejor responda al interés superior del menor debe realizarse tomando en consideración, de forma individualizada, las circunstancias y condiciones que envuelven al niño y a su familia, así como la afectación que éstas tienen en su bienestar y sus derechos.

Por ello, de acuerdo con las necesidades de protección al niño, se debe contar con la intervención de profesionales con formación y experiencia adecuadas para poder identificar los aspectos que generan, en cada caso, la desprotección para el niño, niña o adolescente, las necesidades de apoyo que de ello se derivan de la familia y el menor, y el curso de acción que responda del mejor modo al interés y los derechos de los infantes.

Según el Coneval, es deseable que los menores albergados lleven una vida institucional digna, es decir, que sean respetados en su persona, con sus características particulares, pero a la vez también cuenten con una familia, nuclear o extensa, o como opción última, una familia adoptiva.