Chilpancingo, Gro., 2 de agosto.

Al menos 10 integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) permanecen en prisión, tres en penales de máxima seguridad, acusados de portación de armas exclusivas del Ejército, privación ilegal de la libertad y terrorismo, entre otros delitos.

Desde el 21 de agosto de 2013, el gobierno de Guerrero inició operativos contra la policía comunitaria, particularmente de la Casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres, zona Na Savi (mixteca), donde en 1854 se promulgó el Plan de Ayutla. Ahí se aglutinan las policías comunitarias de Tixtla, Atlixtac (Tlatlauquitepec), Olinalá, Cualac, Alpoyeca, Olinalá y Huamuxtitlán.

Ese día –21 de agosto–, poco más de 300 elementos de la Marina, el Ejército y la Policía Federal detuvieron a Nestora Salgado, quien de inmediato fue trasladada al penal de mediana seguridad en Nayarit. Casi de manera paralela, por la noche, en otro operativo encabezado por el Ejército Mexicano, fue allanada la casa de El Paraíso, donde detuvieron a 13 autoridades comunitarias, entre ellas el coordinador Bernardino García –sobreviviente de la matanza de El Charco, en 1998– y liberaron a 40 presuntos delincuentes que estaban en proceso de reducación. Días después arrestaron a otros policías comunitarios, hasta sumar 40.

En el penal de Las Cruces, de Acapulco, permanecen Bernardino García Francisco y los policías comunitarios Ángel García García, Eleuterio García Carmen, Abad Francisco Ambrosio, Florentino García Castro y Benito Morales Bustos, acusados de secuestro, entre otros delitos.

El 27 de agosto, cuando protestaban por la represión a la Casa de Justicia de El Paraíso, fueron detenidos tres policías comunitarios en el municipio de Cruz Grande, acusados de delincuencia organizada, portación ilegal de armas, y fueron trasladados a Acapulco. En la acción encabezada por el Ejército Mexicano fueron decomisadas unas 60 escopetas.

Casi dos meses después, en el municipio de Cochoapa el Grande –el 6 de octubre de 2013–, fue detenido Samuel Ruiz, junto con 12 policías comunitarios, de la Casa de Justicia de Zitlaltepec; se encuentra recluido en el Centro de Readaptación Social de Chilpancingo, por portar armas presuntamente de uso exclusivo del Ejército.

El 6 noviembre de 2013 fue aprehendido Gonzalo Molina González, promotor de la Policía Comunitaria en Tixtla. Y el primero de diciembre, cuando demandaba la libertad de los presos de la CRAC, Arturo Campos Herrera fue arrestado en Chilpancingo. Están recluidos en el penal de Almoloya de Juárez, estado de México, acusados de secuestro y terrorismo.