En vísperas de que se materialice la apertura total del sector eléctrico en el país, el desplazamiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por productores particulares continúa, y al cierre de mayo de 2014 los generadores independientes de energía poseen permisos para producir hasta 60 por ciento de la energía total que se consume en el país, en sus diversas modalidades.

En consonancia con esta estrategia de permitir mayores espacios al sector privado, el próximo jueves 14 de agosto la CFE lanzará la convocatoria para la licitación internacional para la construcción de al menos cuatro nuevas centrales eléctricas que estarán ubicadas al norte del país y que serán construidas bajo la modalidad de productores independientes de energía (PIE).

Actualmente la Comisión Reguladora de Energía (CRE) ha otorgado 760 permisos a los privados, lo que implica un potencial de generación de 35 mil 186 megavatios (MV), que representan 60 por ciento de los aproximadamente 55 mil MV que distribuye la CFE.

Trasnacionales al acecho

De acuerdo con el Frente de Trabajadores de la Energía (FTE), con la legislación energética secundaria, la CFE operará como holding eléctrico. Pero no será para su integración, sino a la inversa, para la desintegración industrial total. Mediante esa figura, el capital se apropiará de la propiedad de la industria eléctrica, ahora desnacionalizada por el Ejecutivo y aprobada por el Congreso a nivel constitucional, aseguró.

El plan empieza por la generación, ya privatizada furtivamente (en alrededor de 60 por ciento), y seguirá con el control de energía, la transmisión y distribución eléctrica. El escenario proyectado será peor que el de antes de 1960, alertó la organización obrera afiliada a la Federación Sindical Mundial.

Acompañada de la privatización de la energía eléctrica en el país, la estrategia también incluye una desnacionalización de la industria, pues actualmente las compañías españolas Iberdrola y Gas Natural Fenosa son las principales beneficiadas, además de que la petrolera Repsol se posicionó como una de las más importantes abastecedoras de gas para plantas de ciclo combinado durante la próxima década.

Informes de la subdirección de proyectos de la CFE revelan que el próximo 14 de agosto se publicará la convocatoria para la licitación de las centrales de ciclo combinado noroeste (Topolobampo II y III), ubicadas en Sinaloa, que tendrán una capacidad de generación de 820 y 680 megavatios, respectivamente. Estas dos centrales deberán de entrar en operación en abril y mayo de 2018, casi al final de la presente administración gubernamental.

Otra central que será licitada para su construcción será la noreste (Escobedo) en Nuevo León, con una capacidad de mil 6 MV, así como las centrales eólicas denominadas la Rumorosa I,II y III, que se ubicaran en Baja California, con una capacidad de generación de 296 MV y deberán de entrar en operación en noviembre de 2016.

Estos proyectos que forman parte del Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, anunciado a finales de abril por el presidente Enrique Peña Nieto, tendrán una inversión de por lo menos 50 mil millones de pesos.

Adicionalmente se lanzará la convocatoria para la central de ciclo combinado Guaymas III, pero ésta será construida bajo la modalidad de obra pública financiada, figura en la que el constructor privado lleva a cabo todas las inversiones contratadas, para lo cual obtiene directamente el financiamiento de largo plazo que le permita pagar las obras. Al finalizar la obra, la CFE paga 100 por ciento del precio contratado al aceptar las instalaciones, cuya operación y mantenimiento corren a cargo de la CFE.

En esta modalidad también se ha tenido gran participación de empresas extranjeras o trasnacionales en el mercado eléctrico mexicano.

Hasta junio de 2014 la CFE atendía directamente a 37 millones 951 mil 187 usuarios, de los cuales 7 millones 395 mil 530 están ubicados en la zona centro del país, región que dejó de atender Luz y Fuerza del Centro tras el decreto de extinción del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa firmado el 11 de octubre de 2009, con lo que dejó a más de 40 mil trabajadores sin empleo.

La compañía en proceso de convertirse en empresa productiva de Estado cuenta con 40 mil 782 jubilados y 97 mil 70 trabajadores en activo, de los cuales 70 mil 581 son permanentes, 21 mil 62 temporales y 5 mil 427 eventuales. Del total de los trabajadores en activo, 2 mil 247 son funcionarios.