al como sucedió en Puebla, aunque sin muerto de por medio, el gobernador de Chiapas tardó apenas unas semanas en proponer al sumiso Congreso estatal que dé marcha atrás a lo mismo que había hecho aprobar. Manuel Velasco Coello envió el pasado 19 de mayo una iniciativa para crear el Código que Establece el Uso Legítimo de la Fuerza por las Instituciones de Seguridad Pública del Estado de Chiapas, longa denominación inmediatamente bautizada social y mediáticamente como ley bala o ley garrote. La persuasiva argumentación del volátil mandatario convenció inequívocamente a una aplastante mayoría de los diputados locales, pues hubo 26 votos a favor, cuatro en contra y una abstención. Luego, el 4 de junio, el mencionado Velasco Coello hizo publicar su deseado código represivo en el Diario Oficial de la entidad. Fanfarrias en formas de boletines de prensa y declaraciones retóricas cerraron el episodio entonces considerado tan histórico y trascendente.

Sin embargo, al estilo de la cita atribuida al gran humorista Groucho Marx (disculpas de antemano a quienes consideren que al citarlo junto a gobernadores mexicanos se ofende la memoria del actor que hizo famosa la frase de ‘‘estos son mis principios; si no le gustan, tengo otros’’), ahora ha anunciado el mismo chiapaneco que siempre no es tan superlativamente positivo el tal código o ley bala/garrote (opinión descalificatoria que desde un principio expresaron ciudadanos y organizaciones que en su momento sufrieron paredón mediático y político), así que con enjundia y motivación argumental similares a las usadas antes en sentido contrario, ahora mandó una iniciativa para abrogar el mismo código flamante.

El recular de Velasco Coello, como antes había sucedido con Rafael Moreno Valle, merecería un público reconocimiento social si sus motivaciones fueran la atención al reclamo popular y la enmienda, en forma y fondo, de políticas reconocidamente erróneas (faltaría en este retablo el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, quien hizo aprobar en marzo reciente una Ley de Ordenamiento Social con ánimo restrictivo de las manifestaciones de protesta y aún no la ha hecho derogar). Qué más quisiera México que gobernantes que escucharan las críticas colectivas y tuvieran capacidad de dar marcha atrás en sus decisiones impugnadas.

Pero no hay en Chiapas ni en Puebla ninguna señal positiva más que en términos de escaparate. Ambas administraciones, como otras más en el país, ejercen el poder con displicencia, puesto el aparato público al servicio de facciones y corporaciones. Televisión Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, por dar un ejemplo, ha convertido a Chiapas en una especie de paraíso particular, con un telesenador propio, Luis Armando Melgar Bravo, al que se pretende colocar en ruta hacia la gubernatura del estado. En Puebla, el gobernador Moreno se ha hecho aprobar sin debate camaral alguno la cuenta pública del año pasado, como presunto ejemplo de limpidez operativa que fuera de los ámbitos palaciegos no es considerada así, sino todo lo contrario.

La aparición sincronizada de ese espíritu represivo en tres entidades cuyos gobernadores se desviven por quedar bien con el poder federal hace suponer que tuvo el visto bueno de Los Pinos o de la Secretaría de Gobernación. Dotar a las policías de nuevas facultades ofensivas contra movilizaciones ciudadanas habría sido asumido como un paso necesario ante los indicios de que el reformismo peñista generaría irritación social con riesgos de desbordamiento. Pero ahora se busca diluir esas extrañas confesiones de endurecimiento normativo, ante la reacción negativa que a escala nacional provocó el episodio en el que murió en Puebla un menor de edad durante protestas provocadas por la decisión gubernamental de cambiar de lugar oficinas del registro civil.

A fin de cuentas, y conforme a la larga tradición del ejercicio priísta del poder, no hacen falta adecuaciones legales para ejercer la mano dura. Ninguna de las represiones históricas ha tenido justificación jurídica y los responsables se han beneficiado de un pragmatismo institucional propiciador de impunidad absoluta. Tlatelolco, el 10 de junio, la Oaxaca de 2006 y Atenco son sólo algunos de esos ejemplos de represión sangrienta que no necesitó de cobertura legalista para los autores intelectuales y materiales. En el Distrito Federal, por dar otro ejemplo notable, se ha dado un giro escandaloso en cuanto a la operación policiaca contra manifestaciones públicas, sin que se hubiera cambiado el marco normativo correspondiente (aunque algunas de esas preocupaciones gubernamentales se han incluido en la Ley de Movilidad). Con reformas legales o sin ellas, con facultades expresas para soltar bala o garrotazos, el poder constituido se sabe distante de los intereses populares y aun cuando persiste la apatía social, el radar operado desde las cúpulas percibe los riesgos de seguir apretando tanto.

Rubén Mendoza Rodríguez comenta desde Veracruz que ‘‘ante la avalancha de reformas, apabullante, inmisericorde e irreflexiva, permanecemos absortos, impávidos, inamovibles, pasivos, estupefactos y demás sinónimos relacionados; sin duda nuestros legisladores, poseedores de un conocimiento rústico pero efectivo, saben, desde hace mucho, que el mexicano ha dejado de responder a la aplicación constante de estímulos aversivos y contrarios a su bienestar, y acepta lo que le impongan sin chistar. En mi fuero interno, ante el asalto en despoblado que estamos sufriendo, siento un frenesí que busca salida; me molesto, me enervo, quiero manifestarlo, gritarlo, buscar consensos y luchar en contra; pero después de tanto brinco, surge de mí la sensación de que nada de lo que haga encontrará eco, que nadie me seguirá, que nunca pasaremos de las palabras. ¿Por qué?, ¿acaso forma parte ya de nuestra constitución genética?, ¿necesitaremos, como antaño, un caudillo que nos guíe?, ¿o será sólo cuestión de fuerza de voluntad y amor propio?’’

Y, mientras el impago argentino generaba turbulencias en bolsas de valores del mundo, entre ellas la de México, ¡feliz fin de semana!

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