Madrid, 28 de julio.

El rey de España, Felipe VI, adoptó la primera medida de relevancia para limpiar la imagen de una institución en crisis de credibilidad ante los numerosos escándalos y casos de corrupción en los que se ha visto envuelta en los últimos años. Un mes después de su coronación, el monarca estableció un nuevo código de conducta para todos los miembros de familia real, que ahora sólo la integran los anteriores reyes, Juan Carlos y Sofía, así como el propio Felipe VI, la reina Letizia y sus dos hijas, las infantas Leonor y Sofía.

La corrupción, el abuso de poder, el nepotismo, las cacerías de animales exóticos, los viajes lujosos a sitios extravagantes mientras la mayoría de la sociedad española sufría la severidad de la crisis, mermaron la confianza en la monarquía.

Con la intención de liderar un proyecto de renovación, Felipe VI autorizó las nuevas normas de conducta para la familia real, que entrarán en vigor antes del 31 de diciembre.

Destaca una auditoría externa, tal como ya hacen la mayoría de las monarquías europeas, que, a diferencia de la española, desde hace décadas se someten a este tipo de controles y tienen una fiscalización transparente de cuentas. La casa real española publicó por primera vez algunos detalles de su presupuesto en 2011, si bien todavía se ocultan numerosas partidas y gastos. A partir de ahora las cuentas de la familia real serán escrutadas por Intervención General del Estado.

Asimismo, el monarca decidió prohibir a los miembros de la familia real trabajar en la iniciativa privada, tener negocios o realizar cualquier actividad que no sea institucional. Además, se redactará un régimen jurídico sobre los regalos que reciban como representantes del Estado español.

Estas medidas coinciden con la entrada en la recta final del caso abierto contra Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón y Grecia, en el que se prevé que la hermana del monarca se siente en el banquillo de los acusados como imputada y que durante la vista oral salgan a la luz correos electrónicos y pruebas documentales que probarían su participación en la trama de corrupción.

Urdangarin y su esposa están acusados de diversos delitos de apropiación indebida de dinero público y se calcula que la suma superaría los nueve millones de euros.

Por lo pronto, la justicia española ordenó el ingreso en prisión del ex presidente regional de Baleares, el conservador Jaume Matas, y de un ex gobernante provincial, Carlos Fabra, también del conservador Partido Popular, en el poder en España, por casos de corrupción y fraude.

En otro asunto, el nuevo secretario general del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, defendió una España federal como solución al independentismo catalán, al llamar a tender puentes entre todos los territorios, antes de celebrar este lunes su primer encuentro con el jefe del gobierno conservador Mariano Rajoy.