El Gobierno del Distrito Federal (GDF) analiza si impugna o detiene los trabajos del proyecto Ciudad Progresiva, como ordena la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo local en torno a dicha obra, señaló la secretaria de Medio Ambiente (Sedema) capitalina, Tanya Müller. Aseguró que se puede reponer el acto administrativo con el que se autorizó la construcción de la obra, pues la resolución no afecta la manifestación de impacto ambiental (MIA).

En entrevista, la funcionaria señaló que fueron notificados de la sentencia del tribunal el pasado 30 de junio y que el término para definir las acciones a seguir en torno a este caso vence el próximo 4 de agosto, y aunque no descartó que se puedan agotar todas las instancias jurídicas, dijo que eso dependerá del resultado del análisis jurídico que se realiza.

Sin embargo, por la noche, grupo Mitikah envió un comunicado en el que precisó que no ha sido notificado del juicio ni de la resolución del TCADF como responsable de la construcción del edificio de 60 niveles, que forma parte del proyecto Ciudad Progresiva.

Agregó que cuenta con todos los permisos necesarios para desarrollar la torre, para lo cual ya se hizo una gran excavación que ha provocado daños a decenas de viviendas del pueblo de Xoco, en la delegación Benito Juárez.

Al respecto, el secretario de Gobierno, Héctor Serrano, manifestó que antes de detener los trabajos mediante una suspensión de actividades se debe revisar si no se ha interpuesto algún recurso de impugnación contra la sentencia.

No queremos entrar en una detención de obra mediante un tipo de suspensión de actividades hasta no tener la definición exacta que jurídicamente procede, manifestó el funcionario. Admitió no tener conocimiento del fallo y que fue ayer cuando se le notificó a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales.

Los trabajos de construcción de la torre Mitikah, que pretende ser el edificio más alto de México, fueron suspendidos ayerFoto Jesús Villaseca

De su lado, el consejero jurídico del gobierno capitalino, José Ramón Amieva, señaló que se trabaja de manera conjunta con la dirección jurídica de la Sedema para determinar los alcances y efectos de dicho fallo.

Al respecto, Tanya Müller dijo que la resolución de la primera sala ordinaria del TCADF anula el procedimiento administrativo por el que en 2009 el entonces director de Regulación Ambiental de la Sedema, Alejandro Nyssen Ocaranza, autorizó la realización de la obra, al avalar la manifestación de impacto ambiental elaborada por la empresa Sistema Integrales de Gestión Ambiental (SIGEA), de la cual el ex funcionario es socio fundador.

Pese a ello, señaló, existe la posibilidad de que la Dirección de Regulación Ambiental reponga dicho acto administrativo y emita uno nuevo, ya que, dijo, la resolución no fue contra la manifestación de impacto ambiental.

Sobre el tema se buscó conocer la opinión del TCADF, pero se conoció que tanto los magistrados como el resto del personal se encuentran de vacaciones y regresan hasta el lunes 4 de agosto; no obstante, se logró contactar a algunos funcionarios de salas ordinarias de esa institución, quienes comentaron que para frenar la obra Ciudad Progresiva se tendrían primero que agotar las dos instancias en las que se pueda apelar de la resolución.

La primera, dijeron, es la sala superior, adonde podrían recurrir el Gobierno del Distrito Federal o la empresa responsable de la construcción. Si ahí también hay un fallo en su contra, pueden promover un amparo, y si éste –después de un plazo aproximado de seis meses– les es desfavorable, entonces podría ya darse una cancelación definitiva de la obra, una vez que haya una sentencia firme.