El sistema de asistencia social del país se encuentra disperso, sin una directriz y a la deriva, concluyó el diagnóstico sobre el Programa de Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia, el cual refiere que el número de menores internados en alguna casa hogar se incrementó 46 por ciento en 2013 respecto del año anterior.

Sin embargo, resulta difícil que los menores aptos para ser adoptados sean acogidos por una familia, ya que las diversas legislaciones estatales carecen de uniformidad; en lo que se asemejan es que son altamente burocráticas, sostuvo Nashely Ramírez Hernández, de la organización Ririki Intervención Social.

El proceso de adopción en México es tortuoso y no existe uno nada más, sino 32 diferentes, indica la activista. Por ejemplo, en el Distrito Federal las parejas del mismo sexo pueden adoptar.

El código civil de cada entidad establece los requisitos para poder hacerse cargo de un menor y es mediante los Sistemas Estatales para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) donde se inicia el trámite.

Sólo los menores internados en albergues que no están sujetos a la patria potestad de sus padres biológicos son susceptibles de adopción.

Otro problema es que la edad máxima en la que un menor es adoptado es la etapa prescolar, pues quienes buscan integrar a un niño a su familia así lo prefieren. Es difícil que lo hagan con niños de seis años en adelante, señala Ramírez Hernández.

Las opciones que otorga el Estado mexicano para los niños sin cuidados parentales son que sean adoptados o institucionalizados. Si tenemos pésimos sistemas de adopción, que no son expeditos, tendríamos que abrir los ojos a otras modalidades, como familias de acogida, sustitutas o el trabajo con familias extensas hasta cuarto grado, como abuelos o tíos.

El DIF nacional, mediante el programa Fortalecimiento a las Procuradurías de la Defensa del Menor y la Familia realiza acciones para reintegrar a los menores a sus familias nucleares o darlos en adopción. De acuerdo con una evaluación a ese plan, la cual se realizó este año, se proyecta concentrarlo hacia un punto rojo, que es resolver la situación jurídica de los niños que se encuentran en centros asistenciales.

Sin embargo, el sistema de asistencia social en el país se encuentra disperso y sin una directriz que proporcione uniformidad a las estrategias, debido a que cada entidad toma decisiones al respecto, lo que provoca que los esfuerzos en la materia estén disgregados y a la deriva.

Ramírez Hernández opina que es una aberración que le dejen la responsabilidad de tantos asuntos al DIF, con el arreglo institucional que tiene no puede hacerse cargo de albergar a todos los niños que no están siendo cuidados por sus padres. Hay que repensar en otro orden institucional para la infancia.

En 2011 había 18 mil 218 menores de edad en casas hogar. Para 2012 esa cifra disminuyó a 17 mil 522 niñas, niños y adolescentes. Sin embargo para 2013 se elevó considerablemente hasta llegar a 25 mil 700.

Lo que se debe hacer, considera la coordinadora de Ririki, es emigrar paulatinamente a otras alternativas, conservando la institucionalización, pero con albergues de no más de 80 menores, pues no hay manera de atender a tantos sin que en algún momento se violen sus derechos.