La propuesta del gobierno para la reforma del campo –borrador que consta de 33 páginas– únicamente contiene dos de las demandas de las agrupaciones campesinas: la petición a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de establecer un presupuesto multianual para el sector, y la integración de un código alimentario previo a la revisión de 16 leyes y 11 reglamentos. Respecto de la demanda de las agrupaciones campesinas de crear una institución financiera unificada, el gobierno, mediante la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), sugiere instituir un crédito mutual para pequeños productores de autoconsumo y crear bancos regionales especializados privados para ampliar la cobertura del crédito y servicios financieros al medio rural. Especifica que la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero continuará atendiendo a los medianos y pequeños productores con potencial productivo y Fideicomisos Integrados en Relación con la Agricultura (FIRA), a través de la banca comercial y otros intermediarios financieros continuará con sus actividades productivas.

En el documento que las agrupaciones del Movimiento en defensa del territorio y el derecho a la alimentación entregaron al titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong –en el contexto de la movilización del pasado día 23–, reiteraron: demandamos crear una institución financiera a partir de todos los fondos, fideicomisos, programas de capital de riesgo, coberturas y seguros con la finalidad de reducir costos, establecer tasas de interés de un dígito para el pequeño y mediano productor; un nuevo sistema de garantías y la reorganización de la vinculación de programas para masificar y multiplicar la colocación de financiamiento y aumentar el número de acreditados, así como fortalecer todos los instrumentos, figuras e intermediarios que los productores y las comunidades han construido.

A la exigencia del movimiento campesino de controlar los monopolios agroalimentarios –semillas, fertilizantes, almacenamiento, acopio y comercialización– ya que provocan la volatilidad de los precios, rompen con las metas inflacionarias establecidas por el Banco de México y anulan los esfuerzos y recursos destinados a combatir el hambre y la pobreza, Sagarpa insiste en que el tablero de control es el instrumento para evitar los grandes desequilibrios de déficit y superávit agroalimentario y para promover los precios justos al productor y consumidor. La Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios seguirá contribuyendo al reordenamiento de mercados y a crear certidumbre para los productores.

En torno a la polémica de la siembra de transgénicos –entre ellos el maíz y la soya–, la Sagarpa sostiene que México debe crear su capacidad de investigación biotecnológica y desarrollar las herramientas biotecnológicas, entre ellas la genómica enfocada al mejoramiento y semillas mejoradas adaptadas a las condiciones agroclimáticas de las diversas regiones del país.

El borrador del documento Acuerdo marco para la reforma del campo no contiene temas de carácter social ni aborda el tema de la ocupación temporal de la propiedad social y privada como lo exigen las agrupaciones campesinas, y fue entregado antes de que concluyeran los 47 foros para la reforma del campo –el último se llevó a cabo el pasado día 23 en Guadalajara, Jalisco– y el foro de clausura está programado para el día 30 de julio. Según datos de Sagarpa se llevaron a cabo ocho foros temáticos, siete regionales y 32 estatales, en los que participaron 36 mil personas y se recibieron 8 mil propuestas escritas.

Hoy las agrupaciones del Movimiento en defensa del territorio y el derecho a la alimentación se reúnen en la Secretaría de Gobernación con los titulares de Sagarpa y otras secretarías de Estado para afinar el documento de la reforma para el campo y que pretenden que se firme el 8 de agosto.