San Cristóbal de Las Casas, Chis., 22 de julio.

Pobladores zoques de la comunidad Nuevo Francisco León, en la selva norte de Ocosingo, inconformes con la regularización de predios impuesta por la Procuraduría Agraria (PA), denunciaron a los enviados de la dependencia René Rodríguez y Rita Guadalupe Media Sapién, abogado y visitadora agraria, de presentarse en el ejido tratando de imponer el Fondo de Apoyo a Núcleos Agrarios Sin Regularizar (Fanar) y engañando a la gente con que con el nuevo documento obtendrán muchos apoyos y que podrán dejarlo en garantía en cualquier proyecto crediticio.

Crescencio Morales González, representante de los inconformes, y Francisco Álvarez Pablo, de la organización Xi’Nich, acusaron a la PA de intimidar a los ejidatarios diciendo que los documentos con que cuentan ya no tendrán validez, que no podrán participar en los diferentes programas de apoyos que otorga el gobierno.

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) consideró que las acciones de los representantes de la Procuraduría Agraria han generado conflictos internos en el ejido y reiteró que los representantes de ejidatarios no interesados en el Fanar exigen respeto a sus derechos y a sus documentos que los acreditan como ejidatarios legítimos y legales.El 25 de mayo de 2013, recuerdan los representantes zoques, Medina Sapién se presentó en una asamblea ordinaria del ejido sin convocatoria conforme a la Ley Agraria, y aprovechó para proponer el Fanar, tratando de convencer a los ejidatarios con sus mentiras, intimidando y utilizando los programas de gobierno, de que será un beneficio en desarrollo económico del ejido. Y apuntan: Esta es la causa del conflicto agrario vivido en estos últimos dos años.

Nuevo Francisco León, fundado por desplazados zoques como consecuencia de la explosión del volcán Chichonal en el norte del estado en 1982, cuenta con los documentos básicos hace más de 20 años (mandamiento del gobierno del estado, carpeta básica, resolución presidencial), como un título primordial de nuestro ejido, expresan los indígenas.

En una asamblea convocada por la PA, sin cumplir con los requisitos de convocatoria que marca la ley, se dio el procedimiento para verificar los asientos de los ejidatarios con el padrón que ellos (los funcionarios) tenían, mismo que discriminaba a los que van a entrar al Fanar y los que no. Así, la dependencia dio de baja a más de 20 ejidatarios, sin su consentimiento ni la aprobación de la mayoría.

Además, al faltar los nombres de cuatro ejidatarios, la visitadora agraria negó que lo fueran, causando un daño moral, emocional y discriminatorio. Ante las protestas, la funcionaria agraria se vio obligada a reconocerlos en el padrón. Se acordó que el padrón de ambos grupos de ejidatarios quedaría pegado a la vista, pero el personal de la PA incumplió el acuerdo.

Ya presentaron una denuncia ante el Órgano Interno de Control de la PA en la ciudad de México, en octubre pasado, por las acciones violatorias a las leyes agrarias, a los derechos humanos, a la libre determinación como pueblo indígena. Sin embargo, no hubo respuesta favorable. Los argumentos presentados por la PA son totalmente falsos, así como los documentos que presentaron, remarcan los zoques, y exigen respeto a nuestros derechos a la tierra y territorio, y a los documentos que nos acreditan como ejidatarios legítimos y legales, que poseemos.