Hace cinco años el migrante hondureño Ángel Amílcar Colón Quevedo fue aprehendido por las autoridades mexicanas luego de haber escapado de una casa donde un coyote lo mantenía retenido con amenazas. En vez de recibir ayuda fue torturado física y sicológicamente y acusado sin ninguna prueba de delincuencia organizada y delitos contra la salud, por los cuales hoy se encuentra recluido en el penal de Tepic, Nayarit, denunció el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh).

En conferencia de prensa, Denisse González Núñez, colaboradora del área internacional de dicho colectivo, explicó que el 5 de marzo de 2009 Colón llegó a la ciudad de Tijuana en su camino hacia Estados Unidos. Salió dos meses antes de Honduras.

De acuerdo con la activista, un traficante de personas se ofreció a ayudarlo a cruzar la frontera a cambio de 3 mil dólares, pero únicamente se lo llevó a una casa donde le prohibió, con amenazas, que mirara por la ventana, caminara o hiciera cualquier pregunta, si quería seguir vivo.

Tras permanecer cuatro días en ese sitio, el hondureño escuchó disparos que venían de afuera –los cuales eran de agentes que participaban en un operativo de seguridad–, se espantó y huyó de la casa brincando por una ventana, pero fue detenido por los policías.

En vez de recibir ayuda por haber sido prisionero del coyote, Ángel Amílcar fue víctima de tortura física y sicológica por los agentes para obligarlo a inculparse de contrabandear armas y drogas. Todo ello en una celda de la Policía Federal donde estuvo detenido más de 15 horas, sin que ninguna autoridad fuera notificada.

En medio de insultos racistas por ser afrodescendiente, los policías le robaron sus pertenencias, lo obligaron a toletazos y golpes a subir una loma de rodillas, lo hicieron bailar y marchar para ridiculizarlo, le propusieron tener sexo con otros detenidos y pelear con un agente para obtener su libertad. Además, lo presentaron ante los medios como culpable de delincuencia organizada, narcotráfico y acopio de armas.

De igual forma, indicó González, el migrante de la etnia garifuna fue arraigado durante 77 días, se le negó el derecho de llamar a las autoridades consulares de su país y a tener una defensa adecuada. Se le vinculó a un caso totalmente distinto al suyo, únicamente porque el presunto implicado tenía el apodo de El Negro. Por todo ello fue ingresado al penal de Tepic en mayo de 2009.

Mario Patrón, subdirector del Prodh, subrayó que hay evidencias de que el migrante fue torturado para declararse culpable de delitos que no cometió y llamó a las autoridades judiciales a retirar los cargos en su contra, en el contexto de la revisión del caso que está haciendo el juzgado segundo de distrito, una vez que Colón ya ha desahogado todas sus pruebas como parte de la etapa de instrucción.

Perseo Quiroz, director ejecutivo de Amnistía Internacional México, lamentó que las autoridades del país tengan una actitud profundamente racista y discriminatoria y sigan aplicando una política migratoria basada en la seguridad nacional, declaró a Colón preso de conciencia y exigió en nombre del colectivo de derechos humanos la liberación inmediata e incondicional del indocumentado.

Judy Alexandra Baltazar Martínez, compañera sentimental del migrante y madre de sus hijos Ángel y Álex, recordó que Colón participó como activista en la Organización Fraternal Negra Hondureña y otras organizaciones sociales, y pidió a las autoridades mexicanas que lo dejen en libertad.