Las reformas promovidas recientemente por el gobierno de Enrique Peña Nieto abren la puerta para que compañías trasnacionales sigan devastando el territorio nacional mediante técnicas mineras que acaban con el agua, la tierra y otros recursos naturales de las comunidades donde se asientan, señalaron diversas organizaciones sociales.

Durante un mitin realizado ayer en la glorieta del Ángel de la Independencia, con motivo del Día Mundial contra la Megaminería Tóxica, los colectivos advirtieron que incluso antes de las mencionadas reformas, la Ley Minera ya permitía este tipo de abusos al contener artículos demasiado laxos, que benefician a dichas empresas al declarar sus actividades como preferentes por sobre cualquier otra.

Francisco Cravioto, del Centro de Investigación y Análisis Fundar, subrayó que según datos oficiales de 2012, en 16 por ciento del territorio nacional hay concesiones mineras, sin tomar en cuenta si se trata de zonas riesgosas, de áreas naturales protegidas o de sitios donde ya existen proyectos productivos ganaderos, agrícolas o industriales.

Esto es posible, destacó, porque la Ley Minera promovida en 1992 establece en su artículo sexto que esta actividad económica debe ser considerada preferente con respecto a otras, lo cual finalmente obliga a los propietarios de tierras a cederlas para su explotación o su ocupación temporal.

Las facilidades con que cuentan las empresas mineras –la mayoría de origen extranjero– no se justifican, tomando en cuenta que su aportación a la riqueza del país es marginal, como lo comprueba el hecho de que sólo generan 114 mil empleos, equivalentes a 0.2 por ciento de la población económicamente activa, añadió el especialista.

Por todo ello, diversas organizaciones y comunidades de ocho estados de la República presentaron una iniciativa para crear una nueva Ley Minera, donde se ponga en primer lugar el consentimiento de los pueblos y se deroguen formas contaminantes y nocivas de explotación, como la subterránea y el tajo a cielo abierto con uso de mercurio y cianuro, pero dicho proyecto sigue congelado y sin discutirse, lamentó.

Sergio Serrano, del colectivo Pro San Luis Ecológico, aseguró que con la reforma energética sólo se va a facilitar aún más la expropiación u ocupación de territorios, lo cual sumará nuevas concesiones a las 900 que ya se han dado. Anunció que va a realizar una campaña para recolectar al menos 110 mil firmas, con las que se presente como iniciativa ciudadana una nueva Ley Minera y Ley General de Aguas.