on un discurso cínico, propio de los tiempos en que merodeaba abiertamente detrás de su jefa real, Elba Esther Gordillo Morales, el presidente de la junta de coordinación política del Congreso estatal, el priísta Juan Nicolás Callejas Arroyo, justificó el mayoriteo en la aprobación de la nueva ley del Instituto de Pensiones del Estado (IPE).

El dueño de la franquicia de la sección 32 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación arremetió nuevamente contra maestros, pensionados y burócratas que se movilizaron alrededor del palacio legislativo en protesta por la polémica ley laboral, cuyos efectos para las de por sí anémicas pensiones de miles de jubilados del gobierno estatal tienen alarmados a sus derechohabientes.

En su papel mediatizador y de enemigo acérrimo del magisterio que se opone a la reforma educativa, Callejas Arroyo utilizó la misma descalificación para minimizar las protestas: son poquitos los que se manifiestan y por ello resultan irrelevantes. A finales de 2013 declaró que la mayoría de los inconformes con la reforma educativa ni siquiera daban clases y que no representaban el sentir de todos los maestros.

El político de Misantla calculó de un vistazo que los jubilados que estaban el jueves fuera del palacio legislativo desde temprano no llegaban ni a .0005 por ciento de los más de 30 mil derechohabientes del IPE.

Aunque la llamada ley IPE –aprobada la semana anterior por los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México– contiene instrumentos financieros y jurídicos que eventualmente pudieran beneficiar a los afiliados, el vocero utilizado para hablar de sus bondades está más que descalificado por su trayectoria personal, siempre al servicio del poder, en la que ha usufructuado las cuotas de los agremiados de la sección 32 y ha instituido un cacicazgo que a él y a su familia les ha permitido alcanzar un nivel de vida inimaginable para la base magisterial que dice defender.