Mazatlán, Sin., 21 de julio.

Cuatro mujeres fueron asesinadas en Sinaloa en la semana reciente, y con ellas suman 49 en el año. Sin embargo, lo más alarmante es la impunidad, pues las autoridades no investigan porque no hay suficiente personal ni está capacitado, aseguró Ana Lilia Murillo Camacho, presidenta de la Federación de Mujeres Universitarias en Sinaloa (Femu).

Explicó que hasta junio eran 43 las mujeres asesinadas, según cifras oficiales, pero en la semana del 14 al 21 de julio dos fueron ultimadas en moteles, uno en Mazatlán y otro en Escuinapa. Otra fue acribillada a balazos en Culiacán y otra apuñalada en Los Mochis.

De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en 2013, cuando se tipificó el delito de feminicidio, fueron asesinadas 68 mujeres en Sinaloa; en 2012 fueron 79, y en 2011 y 2010, 110 en cada año.

Teresa Guerra Ochoa, del colectivo de Mujeres Activas de Sinaloa, lamentó que a pesar de que existen la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia y la Ley de Protección a Víctimas del Delito, las autoridades no garantizan seguridad a este sector.

Murillo Camacho instó al gobierno de Mario López Valdez a que aplique los acuerdos firmados por el gobierno estatal, la PGJE, el Instituto Sinaloense de las Mujeres, el Centro de Atención a Víctimas del Delito y organizaciones no gubernamentales en un foro estatal donde se convino dar seguimiento a los asesinatos hasta aclararlos.

La presidenta de la Femu subrayó que es urgente que las familias de las víctimas de delitos en Sinaloa tengan asesoría y que se evite afectar aún más a los deudos y su entorno familiar. Dijo que al parecer hay voluntad de las autoridades, pero no se ha reflejado en iniciativas de ley.

La semana pasada, López Valdez dijo que se está trabajando en la protección de las mujeres. Explicó que se invirtieron 2.7 millones de pesos en un refugio para víctimas de la violencia, se crearon una agencia especializada para investigación de feminicidios y consejos municipales para prevenir y atender la violencia intrafamiliar.

La mañana del domingo personal de la PGJE localizó una fosa clandestina con cinco cuerpos en el municipio de El Fuerte, en el norte de la entidad.

Un leñador del ejido Mochicahui, que buscaba a un familiar desaparecido hace mes y medio, reportó el hallazgo de una pierna semienterrada frente al panteón del poblado.

Ninguno de los cadáveres ha sido identificado debido a su avanzado estado de descomposición.

Un año después, siguen sin localizarla

Luz María Rivera Corresponsal

Veracruz, Ver., 21 de julio.

Mayra de la Vega Aduna, madre de Mayra Eliza Remess, quien tenía 24 años cuando fue vista por última vez en Orizaba, el 15 de julio de 2013, aseguró que las autoridades entorpecen la búsqueda de desaparecidos en el estado y aseguró que hay irregularidades en las investigaciones.

Explicó que la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) carece de un registro genético que permita la pronta identificación de cadáveres.

Agregó que su hija lleva más de un año ausente y la investigación no ha dado resultados. Las autoridades sólo agregan al expediente oficios que reiteran las mismas acciones que se hicieron el primer año. Nunca han mostrado verdadera voluntad de dar con su paradero ni de presentar en calidad de testigo al individuo que yo he señalado como responsable de su desaparición.

De la Vega Aduna dijo que desde que presentó su denuncia dio a conocer los rasgos particulares de su hija (tatuajes en forma de alas en la espalda y en el vientre, y una perforación en el ombligo), pero durante ocho meses ni su nombre ni estas señas aparecieron en la lista de desaparecidos de las autoridades ministeriales.

Aseguró que cuando interpuso una queja en la delegación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en Xalapa, el mismo Gerardo Peredo (empleado de la comisión) me informó que mi hija no aparecía en ningún registro.

Señaló que, tras insistir, el 18 de julio recibió un oficio firmado por Patricia Guadalupe Ramírez Ramírez, responsable del área de identificación humana de la dirección de servicios periciales, en el cual le comunicaron que en los archivos de ingresos de los cadáveres no identificados no había registro de persona alguna que correspondiera a la media filiación y señas particulares de Mayra Eliza Remess de la Vega.

Podría haber terminado en una fosa común, admite

Tristemente estoy consciente de que si durante los 12 meses que llevo buscando a mi hija las autoridades de Veracruz encontraron su cuerpo, seguramente lo enviaron a la fosa común, al desconocer su perfil genético.

Detalló que la desaparición ocurrió en Orizaba la noche del 15 de julio de 2013. Mi hija me envió un mensaje de texto por el celular para avisarme que iría al gimnasio. Le marqué y platicamos brevemente de lo que habíamos hecho en el día. Minutos más tarde Mayra salió de nuestro hogar conduciendo mi camioneta. El velador fue la última persona que la vio. Nunca llegó al gimnasio.

Refiere que aguardó a su hija y esperó alguna llamada pidiendo rescate, pero tampoco llegó. A los 15 días presentó denuncia, la cual quedó asentada en la causa 561/2013/SS en la agencia del Ministerio Público sector sur de Orizaba. Quince días después, la Policía Federal de Caminos me avisó que mi camioneta tenía 15 días en el corralón, aun cuando ellos contaban con los datos de mi denuncia.