El Senado aprobó anoche las leyes de petróleos mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), luego de un debate de cinco horas en que PRD y PT advirtieron que esa legislación condena a ambas empresas a su desmantelamiento y pulverización, ya que el fuerte esquema impositivo con que las gravan no les permitirá competir con las empresas extranjeras que regresarán al país a explotar el petróleo y la electricidad.

Todos los senadores del PRD y PT asistieron, pero sus 27 votos no fueron suficientes para frenar ambas leyes, que fueron aprobadas por los 89 priístas y panistas presentes en la sesión extraordinaria, entre ellos el dirigente del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps.

En sus intervenciones, los legisladores del blanquiazul, el tricolor y del Verde aseguraron que las paraestatales ni se privatizan ni se desmantelan, pero recibieron un sinfín de argumentaciones en contrario y el señalamiento de que van a destruir a la nación, al Estado mexicano y al pacto social que derivó de la Constitución de 1917.

El senador Alejandro Encinas acudió incluso a una cita bíblica para acusarlos de actuar con codicia, para consumar el despojo al pueblo de México.

Su compañero de bancada, el tabasqueño Adán Augusto López, también los cuestionó: de qué les sirve ganar la votación si van a entregar la patria.

Antes de que empezara la sesión, el coordinador perredista Miguel Barbosa encabezó el cambio de mensaje en los ventanales de las 22 oficinas de su bancada, que le ha servido para hacer evidente su inconformidad con la reforma secundaria en materia energética.

En esta ocasión el mensaje fue Thanks Dear Senators, seguido por los logotipos de PRI y PAN y una caricatura del Tío Sam que lleva un foco con las siglas de la CFE.

Barbosa explicó que la intención era exhibir a quienes son los verdaderos beneficiados por la reforma energética, la que se construyó fuera del país.

En igual sentido, el coordinador del PT, Manuel Bartlett, señaló ante el pleno que Pemex y la CFE se privatizan para seguir las instrucciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que a su vez impulsa la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

David Penchyna, el senador del PRI que coordinó los trabajos del dictamen, respondió que es una ley que cree en México y en los mexicanos. Sostuvo que es una propuesta que no le tiene miedo a abrir las puertas a la competencia, porque estamos seguros de que tanto Pemex como la CFE pueden competir como iguales, frente a las mejores empresas del mundo.

Sin embargo, el perredista Encinas advirtió que con la aprobación de ambas leyes no sólo se desmantelan Pemex y la CFE, sino al Estado mexicano, al conjunto de instituciones que habían dado cohesión al pacto social.

Su compañera de bancada Dolores Padierna resaltó que al establecer que Pemex y CFE se convertirán en empresas productivas, propiedad del Ejecutivo federal, en realidad van a pasar a ser propiedad del presidente Enrique Peña Nieto, quien podrá disponer de ellas a su antojo.

Ambos legisladores cuestionaron lo dispuesto en el artículo 2 de la ley de Pemex y en el 2 también de la CFE, que confiere la propiedad de las paraestatales al gobierno federal. Encinas resaltó que ello va en contra incluso de la reforma constitucional en la materia, ya que en el artículo 25 de la Carta Magna se precisa que el sector público mantendrá el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado, pero no lo autoriza a convertirse en propietario exclusivo.

Se trata de una de las mayores regresiones contenidas en las leyes secundarias, ya que elimina la rectoría económica del Estado, recalcó, e insistió en que se crea un régimen de excepción para las empresas públicas, en el que se sustituye el derecho público por el privado.

La senadora Padierna desmintió luego la afirmación de Penchyna de que Pemex no se pulveriza ni se desmantela. Dijo que en el artículo 59 de la ley de Pemex se posibilita la creación de tantas subsidiarias y filiales como haga falta, las que se habrán de encargar de operar cada una de las asignaciones que se entreguen a la paraestatal para exploración y explotación de crudo.

Esto facilitará la migración de asignaciones a contratos, ya que la intención es dividir tanto a Pemex como a la CFE para facilitar su privatización.

Igualmente, el perredista Mario Delgado se refirió a la elevada carga fiscal que Hacienda impone a Pemex, que además de pagar un promedio de 70 por ciento en impuestos y derechos, deberá entregar otro 30 por ciento de sus utilidades a través de la figura de dividendo, que se crea en la ley de hidrocarburos.

Es una ley que amarra manos y pies, le venda los ojos, le saca todo su presupuesto a Pemex y la coloca en desventaja frente a las empresas extranjeras, a las que estamos seguros les van a ofrecer un régimen mucho más generoso, señaló Delgado.

Queda claro que Pemex y la CFE no podrán competir ni valerse por sí mismas, agregó a su vez Armando Ríos Pitter.

Los perredistas advirtieron que tampoco puede hablarse de autonomía, ya que seguirán dependiendo del gobierno mediante un consejo de administración que presiden los secretarios de Hacienda y de Energía.

Un consejo de administración que está facultado incluso para desincorporar los activos de la empresa, y en el que la ley posibilita que entre sus cinco consejeros independientes pueda haber ex directivos y ex socios de petroleras extranjeras.

David Monreal, del PT, y Benjamín Robles, del PRD, cuestionaron que los del PRI, entre ellos Ernesto Gándara y el propio Penchyna, siguieran con un discurso lleno de mentiras sobre la reforma al asegurar que no se privatizan ni Pemex ni la CFE.

Como Penchyna respondió con descalificaciones, entre ellas que algunos ni han leído lo que contienen las leyes, el perredista le reviró: A mí no me acusan de hacer negocios con esta reforma.

La discusión en lo particular se prolongó hasta la media noche; se rechazaron todas las propuestas de cambio que hizo el PRD. Ese tercer dictamen se turnó de inmediato a la Cámara de Diputados. Este lunes se discute el cuarto y último dictamen.