Entre reclamos de legisladores de PRD y PT, el Senado aprobó anoche en lo general las leyes de la industria eléctrica y la de energía geotérmica. La oposición criticó la decisión de desmantelar la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para dar entrada a empresas nacionales y extranjeras a las que se garantiza la entrega de los terrenos que requieran para sus proyectos.

Luego de más de siete horas de discusión, durante la sesión extraordinaria, con 92 votos en favor y 25 en contra, se avaló el segundo dictamen de la legislación secundaria en materia energética.

El perredista Isidro Pedraza denunció ante el pleno que los legisladores más apasionados en impulsar las normas que pulverizan a la CFE son los que defienden los negocios de empresas extranjeras, las cuales, operadas por funcionarios o ex funcionarios, van a entrar al gran negocio de la electricidad.

El coordinador del PT, Manuel Bartlett, dijo que los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón trataron de acabar con el servicio eléctrico, pero ha sido Enrique Peña Nieto el que acepta el mandato del imperio para destruir a la CFE y abrir paso a trasnacionales estadunidenses.

Expuso que desde la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) había presiones para que la industria eléctrica se abriera a inversionistas estadunidenses.

Como ya parece costumbre en los trabajos de dictaminación de la legislación energética, priístas y panistas acordaron introducir cambios de última hora por los que se elimina la palabra expropiación, que permanecía en el documento, aunque mantuvieron otros ordenamientos para obligar a propietarios privados, ejidales y comunales a entregar sus tierras a las empresas que se encargarán de generar y distribuir la electricidad.

Se modificó el artículo 71 de la ley, en el que la industria eléctrica se considera de utilidad pública y procederá la constitución de servidumbres, la ocupación o afectación superficial, o la expropiación de los terrenos necesarios para la realización de las actividades de la industria, conforme a la ley de expropiación y demás disposiciones aplicables.

La parte referida a expropiación se eliminó también del artículo 11, fracción 30, en la que se daban a la Secretaría de Energía facultades para promover la expropiación, la ocupación temporal, parcial o total o la limitación de los derechos de dominio de los bienes inmuebles que sean necesarios para llevar acabo las actividades de la industria eléctrica.

En tribuna, el perredista Luis Sánchez dijo que aunque se haya eliminado la palabra expropiación habrá un despojo a propietarios privados, pueblos y comunidades indígenas, porque la legislación permite a las empresas nacionales y extranjeras que generan electricidad apoderarse de sus tierras para levantar su infraestructura y llevar a cabo sus actividades.

En caso de que los propietarios no lleguen a un acuerdo con la trasnacional sobre el pago por sus propiedades o por las afectaciones que le provoquen, luego del avalúo sugerido, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) podrá proponer al Ejecutivo federal la constitución de una servidumbre legal por la vía administrativa.

Por medio de esa figura la empresa tendrá derecho para el tránsito de personas, de transporte, de conducción y almacenamiento de materiales para la construcción” en el terreno requerido para la realización de su proyecto. Asimismo, para instalar o mantener la infraestructura y demás actividades y obras para el desarrollo de la industria eléctrica.

La ley de la industria eléctrica no prevé que los afectados pudieran participar en las utilidades de la empresa, como se instauró en la ley de hidrocarburos en el caso de propietarios afectados por empresas petroleras.

Es una burla, una farsa, un atraco, un despojo vestido de legalidad, consideró el senador Pedraza, quien aludió en tribuna a la información, publicada en La Jornada sobre los ex funcionarios que entrarán al negocio eléctrico.

Garantizado, el abasto de energía

Durante la prolongada discusión, priístas y panistas defendieron el dictamen. El presidente de la Comisión de Energía, David Penchyna, rechazó que se privatice la CFE y dijo que se fija un nuevo modelo de la industria eléctrica nacional que permitirá al Estado mantener la rectoría económica y aprovechar la competencia para ofrecer mejores servicios.

La senadora panista Sonia Mendoza reivindicó que las leyes aprobadas garantizan el abasto de energía a las nuevas generaciones.

La perredista Dolores Padierna advirtió que más allá de los discursos en los que se repiten eslogans, en la ley se señala la desintegración de la CFE para abrir paso a un mercado privado de la electricidad, que dejará de ser un servicio público.

Durante la sesión, tanto Padierna como su compañero de bancada Zoé Robledo reivindicaron la figura del ex presidente Adolfo López Mateos, quien nacionalizó la industria eléctrica.

La bancada perredista puso en evidencia que el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, el panista Raúl Gracia, no se ha presentado a ninguna de las sesiones en que se ha discutido la legislación secundaria energética. Se preguntaron si estará de vacaciones.

Al cierre de esta edición continuaba la discusión del dictamen en lo particular. El PRD reservó más de 120 artículos.