ace unos días fui requerido por Carmen Aristegui, en su noticiario matutino de MVS, para dar mi opinión sobre la reforma energética, cuyos dictámenes de las leyes secundarias tenían aprobados las comisiones correspondientes del Senado, y se iniciaba en esa fecha la discusión de los mismos en el pleno.
Mis puntos de vista provocaron una importante reacción en las redes y recibí la solicitud de escribirlos, en forma sintética, lo que hago agradeciendo la siempre cordial apertura y hospitalidad de La Jornada, en un par de artículos.
Expresé que las diversas leyes que conforman la reforma energética contienen una enorme lista de agravios contra la Constitución, el patrimonio nacional, la seguridad energética, la propiedad de la tierra, la preservación y cuidado del medio ambiente; en suma, el futuro de México, independientemente de los que para lograrla se han cometido contra los procedimientos democráticos con la manipulación del necesario debate y la opinión ciudadana, y contra la división de poderes, al convertir al Legislativo, que debiera ser un espacio de deliberación inteligente sobre las iniciativas, en un sujeto pasivo y sumiso del Ejecutivo.
Manifesté, entre otras cosas, lo siguiente:
La reforma propuesta está sostenida por engaños, falacias y manipulaciones. Se habla de que no se privatizarán Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), porque –argumentan– no se venderá ni un tornillo de las paraestatales, pero se privatiza el sector energético en su conjunto, y con él los activos más importantes de nuestras empresas estatales: las reservas de hidrocarburos y el mercado eléctrico, condenándolas a la inanición.
Se dice que los hidrocarburos son y seguirán siendo de la nación, y se abre a las empresas privadas la exploración y la explotación de los mismos y se les entrega parte sustantiva de las utilidades y la producción.
Se ofrece respetar la ya agraviada Constitución, que aun así prohíbe las concesiones en esas áreas de la industria petrolera, y se ofrecen licencias y contratos de utilidades y producción compartida, que no son sino concesiones, disfrazadas, con dolo, con otros nombres.
Se jura que no se entregará un centavo de la renta petrolera, pero se legaliza
la forma –discrecional por otra parte– de compartirla
.
Ahora nos dicen que no habrá expropiaciones de terrenos en beneficio de los contratistas –luego de la avalancha de críticas al respecto–, pero inventan las formas de ocupación temporal
–hasta que se acaben los hidrocarburos, me dicen en un tuit– o servidumbre
–tal vez así le llaman para que nos vayamos acostumbrando al papel que nos corresponderá como mexicanos, aun cuando no pertenezcamos al Congreso, agrego ahora.
Con el mismo desenfado, con voz engolada y con actitud de somos los dueños de la verdad
, la que acomodan en función de sus intereses y compromisos, nos ofrecen que bajarán los precios de los energéticos, aunque ya el senador Cordero gritó en la tribuna que se quiten de engaños, que los precios no bajarán, que lo que se busca es crear empleos, que se crearán cientos de miles de ellos, bien remunerados, aunque claro, esto no será en el corto plazo.
Que todo será transparente, que no habrá corrupción, ni desde luego conflictos de intereses –¿será?–, que el Estado conserva la rectoría de la industria energética, que Pemex y la CFE se fortalecen para competir como empresas de clase mundial
, aunque en la letra de las leyes se escribe su epitafio.
Que los reguladores
serán autónomos –¿serán?– y controlarán a los contratistas que participen en el nuevo paradigma de la industria energética
.
Que las asignaciones de la ronda cero
,
¡ah!, hablaré de la ronda cero en el próximo artículo, en el que entraré en detalle, también, de lo que son las licencias y los contratos y sus consecuencias, de la política petrolera implícita en la reforma
, del porqué se debilita a las empresas del Estado, de la propuesta de comercialización privatizada de nuestros hidrocarburos, del manejo de la información de nuestros recursos no renovables.
En fin, del conjunto de agravios cuya evidencia ha obligado al gobierno a forzar los procedimientos, a poner oídos sordos a la crítica argumentada y a la voz de la mayoría de los mexicanos para obtener, así sea con el repudio nacional, la consecución de sus propósitos.
Queda claro que la mayoría automática de las cámaras se impondrá por lo pronto. Seguiremos luchando, porque no podemos conformarnos con la burlona actitud del te lo dije
; lo que está en juego es el futuro de la nación.
Por lo pronto la responsabilidad de las consecuencias es del Ejecutivo y de las cámaras obsecuentes, porque, “¿Quién es más de culpar –robo unos versos que escribiera Sor Juana por motivos distintos– aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga, o el que paga por pecar?”
