El equipo de personas que formarían parte de la comisión civil encargada de buscar a los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez –víctimas de desaparición forzada en mayo de 2007– ya está integrado, y sus miembros se reunirán para coordinarse el próximo 4 de agosto, informó Gilberto López y Rivas, responsable de convocar a los integrantes de este grupo.

El antropólogo y analista político dijo que ya solicitó una entrevista con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para discutir los pormenores de esta comisión especial de búsqueda.

Subrayó que a diferencia de otros proyectos similares, este tiene certeza jurídica y sus determinaciones son vinculantes para el Estado mexicano, que en caso de no obedecer sus resultados estaría incurriendo en desacato.

“De inmediato nos reunimos todas las personas que propuse para formar parte de la comisión y todos ya han aceptado. Juntos redactamos la carta que se publicó en La Jornada y enseguida la enviamos también al secretario de Gobernación para pedirle una cita en la primera semana de agosto, con el objetivo de intercambiar opiniones sobre el tema”, dijo López y Rivas.

Los integrantes de la comisión de búsqueda de Reyes y Cruz serían: Miguel Concha Malo, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; Luis Daniel Vázquez, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales; los abogados Sandino y Leonel Rivero, representantes legales de los familiares de las víctimas, y Miguel Álvarez Gándara, Dolores González y Pablo Romo, miembros de la organización Servicios y Asesoría para la Paz.

A este conjunto de especialistas se sumarían los funcionarios que proponga el gobierno federal e integrantes de organismos como la Cruz Roja Internacional, el Equipo Argentino de Antropología Forense, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y los familiares de los dos desaparecidos.

Se acata fallo de tribunal

López y Rivas subrayó que las decisiones de esta comisión especial de búsqueda serán de cumplimiento obligatorio para el Estado, como ordenó un tribunal colegiado el pasado 19 de junio. Adelantó que en la reunión del 4 de agosto el grupo diseñará un plan de trabajo, incluyendo un listado de todos los funcionarios públicos a los que van a citar a comparecer.

Esta es la última oportunidad del Estado mexicano de resolver este caso. Esta vez tenemos la certeza jurídica que nos da el carácter vinculante de la comisión. Lo que pase aquí va a repercutir grandemente en los otros miles de casos de desaparición forzada que hay en el país, destacó.