El Consejo Ciudadano del Instituto Nacional de Migración (INM) propuso a las secretarías de Gobernación (SG) y de Relaciones Exteriores (SRE) disminuir los requisitos para que los migrantes obtengan con más facilidad una visa (de estancia, no de trabajo). El propósito de esta medida es evitar que continúen en un viaje clandestino y peligroso hacia el norte.

Además, sugirió poner en marcha alternativas a la detención (o alojamiento) de migrantes, en particular para los menores de edad.

En un posicionamiento, el consejo –integrado por 10 especialistas– advierte que la naciente coordinación para la atención integral de la frontera sur no puede estar desvinculada del Programa Especial de Migración 2014-2018 ni de los planes sectoriales de la administración pública federal.

Rodolfo Córdova, presidente del Consejo Ciudadano, subrayó en entrevista que es necesario flexibilizar los requisitos para los migrantes que transitan por el país y, en especial, definir un protocolo de atención para los niños.

“El tema central se basa en el seguimiento del interés superior (del menor); todo mundo habla del interés superior, pero no estoy seguro de que todos sepamos bien a qué nos referimos con ello.

No debemos esperar a que prosperen las reformas (legislativas), es necesario trabajar ya en este procedimiento para determinar qué es lo que se debe hacer con la niña o el niño (migrante); si es un caso de reunificación familiar, canalizarlo a organizaciones de Estados Unidos que puedan atenderlo; si es un asunto de violencia, canalizarlo a las diferentes instancias del Estado mexicano. Es decir, el procedimiento delinea lo que se debe hacer y, por tanto, es un tema que debemos resolver pronto, advirtió.

En cuanto a la flexibilidad de los requisitos, el especialista y maestro en estudios sobre migración por la Universidad de Sussex dijo que el Estado mexicano ganaría mucho si el migrante, en lugar de dar dinero a los traficantes de personas o a los secuestradores, va directo a pagar por una vía legal de tránsito.

El Consejo Ciudadano del INM pidió también a la Procuraduría General de la República investigar con más efectividad los delitos cometidos contra migrantes, y solicitó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ejercer sus facultades de investigación por violaciones graves que le confiere el artículo 102 constitucional.

Los migrantes, expuso el consejo, son víctimas frecuentes de la delincuencia a lo largo de su paso por México; delitos como robo, secuestro, homicidio y trata de personas han sido identificados y, en ocasiones, denunciados por los afectados y las organizaciones que les asisten.

Los especialistas integrantes del Consejo Ciudadano, creado en 2012 y cuya tarea es formular propuestas y acciones al INM, pusieron énfasis en las causas que generan la migración masiva como única vía para garantizar que ésta disminuya.

Mantener detenidos a migrantes, viola el estatuto de refugiados

En cuando a la política migratoria mexicana, subrayó que mantener en estaciones migratorias a personas que solicitan refugio es contrario a lo estipulado en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, ratificada por México.

El Consejo Ciudadano del INM está integrado por Juan Antonio Torres, sacerdote; Mario Santiago Juárez, abogado; Martha Rojas Wiesner, socióloga; Pedro Pantoja Arreola, sacerdote y responsable del albergue Belén Posada del Migrante; Rodolfo Córdova, maestro en estudios sobre migración; Rodolfo Cruz Piñeiro, doctor en sociología; Rodolfo García Zamora, doctor en ciencias económicas; Román Zavaleta Laviada, abogado; Rosi Orozco, presidenta de la Comisión Especial de la Lucha contra la Trata, y Teresa Ulloa, pedagoga.