Cada uno tendrá que pagar $3.7 millones
Los acusan de tirar cascajo a un lado de la vía
Destruyeron sus viviendas y establecimientos
Autoridades habían prometido indemnizarlos
Miércoles 16 de julio de 2014, p. 30
Naucalpan, Méx., 15 de julio.
La Procuraduría del Medio Ambiente del Estado de México (Propaem) aplicó la sanción máxima
de tres millones 700 mil 950 pesos a cada una de las 15 familias de campesinos del ejido San Francisco Chimalpa, municipio de Naucalpan, por rellenar con cascajo y tierra una barranca contigua al trazo de la autopista Naucalpan-Aeropuerto de Toluca. A más tardar este jueves deberán pagar la multa.
El pasado 30 de mayo, cuando se iniciaron las obras de esa vía, fueron demolidos casas y negocios de los afectados (descendientes de otomíes), en el kilómetro 9 de la carretera libre Naucalpan-Toluca.
El monto que fijó la Propaem es impagable y no está fundamendo
, argumentó Germán Rodríguez Asencio, abogado de siete de los 15 afectados. Adelantó que presentará un recurso de revisión ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA).
Expuso que los hermanos Maximiliano, Crispín, Tomás, Juan y Nicolás Ascencio Gómez, así como Abel Domínguez Juan, Rosario Ascencio Salvador y ocho labriegos ganan el salario mínimo y ahora se pretende hacerles pagar una multa que no se ha impuesto ni a un verificentro corrupto
.
Recordó que el 25 abril inspectores de la Propaem visitaron la franja ubicada en el kilómetro 9 de la carretera libre Naucalpan-Toluca, en la comunidad El Castillo, ejido de San Francisco Chimalpa, donde empieza el proyecto.
No se opusieron a la obra
Clausuraron algunas recicladoras de materiales, una herrería y una pensión para vehículos, entre otros negocios. La dependencia alegó violaciones al Código de Biodiversidad del estado de México, debido a que los lugareños no contaban con estudios de impacto ambiental y rellenaron mil metros cuadrados de una barranca situada en el kilómetro 8.5.
Rodríguez Ascencio explicó que los posesionarios de la franja del kilómetro 9 obtuvieron un amparo federal indirecto para quitar los sellos de clausura de sus negocios. Agregó que el juzgado federal ordenó a la Propaem retirar los sellos hasta que las autoridades federales terminaran de revisar el caso.
El 30 de abril fuimos citados a dialogar. Nos atendió el director de Gobernación regional, Cuauhtémoc García Ortega. Nos dijo que quería llegar a un acuerdo para que dejáramos las tierras por donde iba a pasar la autopista. Dijimos que no nos oponíamos, nada más que debían pagar nuestros bienes
, comentó Juan Ascencio Gómez.
Indicó que el 30 de abril García Ortega, en representación del gobierno mexiquense; Sergio Rodríguez, del Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares (Saascaem) de la Secretaría de Comunicaciones de la entidad, y Fernando Dorantes, de la constructora Autovan, firmaron una minuta con los representantes de posesionarios de la franja del kilómetro 9.
Daños de entre $300 mil y $600 mil por familia
Autoridades y constructores se comprometieron a pagar a las familias del ejido San Francisco Chimalpa sus viviendas y negocios, que serían demolidos para construir la vialidad. Para ello se tomarían en cuenta avalúos realizados en 2011 y promovidos por la Saascaem después de que se autorizó la obra.
Se comprometieron a pagar todos los daños; incluso aseguraron que nos pagarían las mejoras realizadas a las viviendas y negocios
, subrayó el defensor de los campesinos.
El 30 de abril, personal de la Propaem llegó al predio del kilómetro 9 y comenzó a quitar los sellos de clausura. También llegaron granaderos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana estatal, que resguardaron el ingreso de trascabos y trabajadores que empezaron a demoler viviendas y negocios.
Los habitantes del ejido San Francisco Chimalpa valuaron entre 300 mil y 600 mil pesos los daños a cada una de las familias. García Ortega no contesta las llamadas.
El 26 de junio la Propaem envió citatorios a cada una de las familias desalojadas, en los que notificó que debían pagar una multa máxima
de tres millones 700 mil 950 pesos por haber rellenado la barranca y les dio 17 días hábiles para pagar.
La dependencia argumentó que los lugareños violaron el Código de Biodiversidad del estado de México debido a que rellenaron mil metros lineales, levantaron taludes a 20 metros y sus negocios no contaban con estudios de impacto ambiental
. Los afectados proporcionaron copias de dos de los expedientes.
A menos de un kilómetro del predio que habitaban los campesinos, decenas de camiones de carga tiran cascajo sobre una ladera de la barranca. Son vehículos tipo torton, con capacidad de carga de 12 toneladas. Arrojan desechos de construcciones, principalmente. Al fondo de la cañada se observan árboles aplastados, muchos de 15 a 25 metros de altura, y el cauce de un riachuelo fue desviado.
El pasado viernes La Jornada solicitó una entrevista con el titular de la Propaem, Juan Jacob Pérez Miranda; incluso se planteó el tema a la oficina de comunicación social de la Secretaría del Medio Ambiente estatal. No hubo respuesta.
