Ciudad Victoria, Tamps., 14 de julio.

Entre los meses de octubre de 2008 y mayo de 2014 se duplicaron las detenciones de menores migrantes no acompañados; la mayoría son de origen salvadoreño, guatemalteco, hondureño y mexicano. Los grupos de migrantes enfrentan la clandestinidad como una opción de sobrevivencia.

Antonio Zavaleta-Reid, director del Centro de Estudios Fronterizos y Trasnacionales de Texas, Estados Unidos, dijo que según estudios del organismo, entre octubre de 2008 y mayo de 2009 fueron aprehendidos 19 mil 418 menores migrantes no acompañados y entre los meses de octubre de 2013 y mayo de 2014 fueron capturados por las autoridades migratorias de Estados Unidos 46 mil 188, lo que representa un incremento en el flujo de menores superior a 100 por ciento.

Destacó que en 2013 se dispararon las detenciones, pues la cifra ascendió a 154 mil, de los cuales casi 100 mil fueron clasificados como no mexicanos; de estos más de 21 mil eran menores migrantes no acompañados que fueron aprehendidos cuando cruzaban el río Bravo. Cifra que, consideró, representa 55 por ciento de todos los niños que entraron ese año a Estados Unidos.

Comentó que ante la inquietud del organismo no gubernamental por encontrar las causas del aumento masivo de niños no acompañados en su cruce por el río, se entrevistó a más de 750 menores en distintos centros de detención. Muchos de ellos aseguraron que decidieron ser migrantes para escapar de la violencia o persecución en sus países de origen.

Una de las conclusiones es que en los países centroamericanos están en crisis socio-económica y las personas huyen de las guerrillas. Aunque la pobreza es el motivo principal que origina la migración.

Apuntó que otra de las causas –que calificó de teoría– es que los padres se anticipan a la aprobación de la ley de la reforma migratoria antes de que finalice el gobierno del presidente Barack Obama.

También explicó que en los países expulsores se carece de claridad en el proceso de expulsión y repatriación de menores. Lo consideró un reto, por no saber si sus derechos humanos son respetados, ya que el transporte para el retorno es inseguro.

Señaló que es urgente aplicar en la frontera una política de repatriación segura para garantizar su seguridad.

Zavaleta planteó la necesidad de garantizar a los menores un procedimiento para acceder a una consejería legal y permitir a las autoridades de bienestar familiar la revisión de las decisiones del tribunal de inmigrantes.