León, Gto., 14 de julio.

Cuatro diputados federales y dos locales del Partido Acción Nacional (PAN) interpusieron una denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) contra la alcaldesa priísta de León, Bárbara Botello Santibáñez, y contra quien resulte responsable por tráfico de influencias, concusión (solicitar impuestos o remuneración en beneficio de un servidor público), abuso de autoridad y administración fraudulenta. La dependencia integró la averiguación previa 17794/2014.

Los panistas aseguran que se realizó una licitación amañada para entregar una concesión para recolección de basura por 20 años a las empresas Red Recolector, asentada en Monterrey, Nuevo León, y la recién creada Gestión e Innovación en Servicios Ambientales (GISA).

En la denuncia, firmada por los legisladores federales Juan Carlos Muñoz, Diego Rodríguez, Beatriz Yamamoto y Elizabeth Vargas, y por los locales Daniel Campos y Javier González, éstos afirman que se causará daño al eratio municipal porque se pagará 47 por ciento más por la recolección de residuos.

Los 118 pequeños empresarios que recolectaron la basura durante 35 años percibían 89 millones de pesos anuales; las nuevas empresas cobrarán al menos 132 millones por ofrecer el servicio cada tercer día.

Según los diputados, se cometió abuso de autoridad –castigado hasta con seis años de cárcel– porque la alcaldesa se excedió en sus atribuciones en detrimento de la función pública al aprobar una licitación que causará un perjuicio al erario; asimismo, presumen un probable beneficio personal.

Agregaron que hubo administración fraudulenta porque se aprobó una licitación que no era necesaria y se otorgó una concesión irregular a costos más altos.

Según los panistas, Botello Santibáñez incurrió en tráfico de influencias porque, “mediante un procedimiento simulado, se otorgaron concesiones a Red Recolector y a Gestión e Innovación en Servicios Ambientales.

Hay un beneficio desmedido para dos empresas y esto no se justifica, sostuvo el diputado federal Diego Rodríguez Vallejo. Subrayó que hubo moches y que desde hace más de tres meses los recolectores de basura denunciaron que los dejarían sin empleo para beneficiar a la empresa regiomontana Red Recolector.

El director de comunicación social del ayuntamiento de León, Manuel Mora MacBeath, dijo que el gobierno de Botello Santibáñez exhorta al gobernador panista Miguel Márquez Márquez a instruir a la PGJE a que actúe con imparcialidad y apego a la ley. Lamentamos que se utilice la institución encargada de procurar justicia como instrumento partidista, de golpeteo e intento de desprestigio.

Afectadas, 750 familias

La tarde del domingo, el pepenador Juan Manuel Ruiz Bárcenas, de 26 años de edad, se ahorcó en el patio de su casa, en la colonia San Juan, agobiado por la falta de empleo y deudas que no podía pagar. Le sobreviven su esposa y cuatro hijos.

Se llevaba a sus chavos más grandecitos a pepenar y su esposa se quedaba con los más chicos, pero llegaba con 50 pesos a su casa. ¿Qué le iba a dar a de comer a sus hijos?, reprochó el recolector Andrés Ramírez.

¡No es posible que estemos llegando a este extremo por la ambición de la alcaldesa! Mucha gente vive de esto, unas 3 mil personas, 750 familias, agregó.

Los pepenadores de la ciudad colocaron un ataúd con una corona frente a la alcaldía para recordar a su compañero y acusar a Botello de asesinar el empleo de cientos de personas.

El 25 de agosto de 2011, el gobierno leonés, encabezado entonces por el panista Ricardo Sheffield Padilla, aprobó que la empresa Lyrba fuera la única autorizada para tener un centro de acopio, separar, clasificar y comercializar desechos. Cerró una decena de pequeños centros de acopio y encarceló a varios pepenadores.

La policía de León e inspectores del Sistema Integrado de Aseo Público impiden la pepena en la vía pública. Dicen que nos van a arrestar y que la multa es de 3 mil pesos. Lo único que pedimos es que nos dejen trabajar, dijo Ramírez, quien recordó que la alcaldesa prometió apoyarlos cuando era candidata.