Madrid, 14 de julio.

El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz dictó libertad bajo fianza de 600 mil euros para el ex presidente de Gowex, Jenaro García, que podría enfrentar más de diez años de prisión por diversos cargos.

Pese a reconocer la voluntad colaboradora del acusado demostrada por su confesión voluntaria en los juzgados hace ocho días, el juez optó por una fianza calificada de desproporcionada por la defensa, al considerar que existe riesgo de fuga porque el acusado puede enfrentar más de diez años de prisión por los delitos que se le imputan.

Tras reconocer en una autodenuncia en el juzgado, durante la madrugada del 5 al 6 de julio, que falseó las cuentas de la sociedad desde su salida a bolsa, el que fuera el máximo ejecutivo y creador del grupo de redes inalámbricas admitió ante el juez, según diversos medios, el uso de facturas falsas desde 2004 utilizando una red de empresas creadas por él mismo o testaferros.

Según la comunicación del auto, el acusado, que tiene 15 días para hacer efectiva la fianza, ha reconocido ante el juez una cuenta en Luxemburgo con más de 3 millones de euros.

El ex presidente de Gowex, que tendrá que comparecer semanalmente en los juzgados y a quien se le ha retirado el pasaporte, está imputado por supuestos delitos de falseamiento de cuentas e información económica y uso de información relevante, en un escándalo empresarial que ha sorprendido a gran parte de la comunidad financiera del país.

Después de que la empresa y el empresario fueron puestos de ejemplo de emprendimiento e innovación, con un recorrido bursátil casi sin precedentes y numerosos reconocimientos políticos y económicos, el caso ha sido considerado por el alto tribunal como de repercusión para la economía nacional y con prejuicio patrimonial para una generalidad de personas.

Inminente insolvencia

La compañía de redes inalámbricas presentó horas antes de la declaración de García una solicitud de concurso de acreedores, al encontrarse en estado de insolvencia inminente, según una copia del texto remitido al juzgado mercantil y facilitada por los abogados.

La semana anterior la empresa había presentado ya una solicitud de preconcurso, que le habría dado un plazo hasta de cuatro meses para buscar una solución consensuada con sus acreedores, antes de entrar formalmente en concurso. Pero con las cuentas bloqueadas y como reconoce la propia empresa en su nuevo escrito al juzgado, la situación de insolvencia parece inevitable.