El despojo de tierras privadas, sociales e incluso públicas en favor de las empresas extranjeras que llegarán al país a explotar el petróleo y la electricidad, aspecto que ya está incluido en la ley de hidrocarburos, se amplía en la ley de órganos reguladores coordinados en materia energética, cuya discusión se agotó anoche en comisiones en el Senado.

Ahí se establece que los contratos para exploración y extracción de hidrocarburos, para tender ductos, generar y comercializar energía eléctrica, además de construir la infraestructura respectiva, se otorgarán conjuntamente con la respectiva declaración de utilidad pública de los predios en cuestión.

Se trata del artículo 33 de esa ley, que anoche se discutió entre impugnaciones de la mayoría de los senadores del PRD, quienes propusieron eliminarlo. Dolores Padierna y Zoé Robledo advirtieron que ‘‘es indignante’’ que los contratos que se otorguen a las trasnacionales vayan acompañados de la declaración de utilidad pública que les asegura disponer de la tierra en que harán sus negocios, cualquiera que sea el tipo de propiedad.

‘‘¡Es el colmo!’’: Padierna

Las comisiones Nacional de Hidrocarburos y Reguladora de Energía, que son los órganos reguladores del sector energético, tendrán además la facultad, según el mismo artículo 33, de ‘‘promover los actos jurídicos que se requieran para hacer efectiva la declaratoria de utilidad pública, siendo siempre estas actividades de interés social y de orden público, por lo que tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie del subsuelo de los terrenos afectos a éstas’’.

En ese momento, Padierna exclamó: ‘‘¡Es el colmo!’’ Resaltó que ello significa que los órganos reguladores facilitarán el trabajo a las empresas extranjeras. ‘‘Ellas no tendrán que negociar nada, desde el Estado mexicano se harán las gestiones para que puedan disponer de los predios que requieran para hacer los negocios con el petróleo o la electricidad’’.

La legisladora perredista preguntó si esos órganos van a litigar en tribunales contra comunidades indígenas o pequeños propietarios que se nieguen al despojo de sus tierras.

Ni priístas ni panistas respondieron, ya que el formato de discusión del cuarto y último de los dictámenes de las leyes reglamentarias en materia energética fue el mismo. Los perredistas intervinieron una y otra vez para proponer y argumentar cambios, que en automático fueron rechazados por sus contrapartes.

Este artículo 33 ‘‘abre la puerta a la expropiación de terrenos por supuesta utilidad pública, a afectaciones, incluso a reservas de la biosfera, también a una serie de violaciones a los derechos humanos que de verdad es impresionante que se esté planteando en estos términos’’, recalcó el senador Robledo. Hizo notar que tal disposición va más allá de la reforma energética aprobada en diciembre.

El perredista agregó: ‘‘Los negocios privados ahora son causa de utilidad pública. Eso es lo que dice su artículo 33, que es además inconstitucional’’.

Durante la discusión, Padierna recalcó que ‘‘lo más sorprendente es que ese régimen preferente que se otorga a las trasnacionales no se hace extensivo a Pemex. Tenemos claramente un gobierno de plutócratas al servicio de los millonarios, pero pagado con los recursos del pueblo de México’’.

Padierna Luna fue la encargada de presentar la reserva al artículo 33, que ni siquiera fue admitida a discusión. ‘‘No somos vendepatrias, no vamos a aceptar esa contrarreforma’’, advirtió la senadora.

Más burocracia

Los perredistas cuestionaron asimismo otras disposiciones de esa ley. Los senadores Alejandro Encinas, Rabindranath Salazar, Fernando Mayans, Isidro Pedraza, Benjamín Robles, Adán Augusto López y Fidel Demedicis intervinieron para advertir que se está creando un costoso aparato burocrático, que además de contar con un presupuesto público, podrá disponer de los ingresos y aprovechamientos por los servicios que presten.

La discusión del cuarto dictamen se agotó anoche en lo general y lo particular en las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos. A partir del lunes se votarán los cuatro dictámenes, pero el panista Raúl Gracia adelantó que no se van a rediscutir, ya que las reservas a artículos que se pretendan modificar se verán en el pleno del Senado.

Los perredistas protestaron. Su coordinador, Miguel Barbosa, reclamó al presidente de la Comisión de Energía, David Penchyna (PRI) sus ‘‘muecas burlonas’’ y le recordó que antes había dicho que toda reserva sería admitida. Penchyna respondió que la mayoría decidirá si se reabre el debate en comisiones y aprovechó para sostener que él sí tiene educación y ha sido tolerante en todos estos meses, pese a que le han faltado al respeto.