Por segundo día consecutivo el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) determinó sancionar a un magistrado federal por presuntas irregularidades en su evolución patrimonial, ya que se detectaron movimientos inusuales en cuentas bancarias del juez Jorge Figueroa Cacho por casi 3 millones de pesos, que no fueron incluidos en su declaración patrimonial.

El pasado miércoles, el CJF informó del inicio de un procedimiento de sanción contra el también magistrado Jesús Guadalupe Luna Altamirano, quien al igual que Figueroa Cacho realizó operaciones bancarias por casi 3 millones de pesos, lo que se considera posible enriquecimiento ilícito.

Fuentes del Poder Judicial Federal informaron que al menos siete jueces y magistrados son investigados por circunstancias similares, aunque se reservaron los nombres de los implicados.

En el caso de Figueroa Cacho, el CJF informó que al concluir la investigación administrativa realizada por los órganos de vigilancia de la Judicatura, se detectó que dicho funcionario realizaba depósitos en cuentas de sus familiares por cantidades que superan sus ingresos mensuales.

Agregó que los depósitos –algunos en dólares– detectados en varias cuentas bancarias de Figueroa Ochoa provenían de compañías dedicadas a la compraventa de metales y joyas en México y el extranjero.

Acerca de los familiares de Figueroa Ochoa, el CJF detectó un patrón de múltiples depósitos en moneda nacional y extranjera, por una cantidad aproximada de 6 millones de pesos, cuyo origen se desconoce.

Figueroa Cacho forma parte del quinto tribunal colegiado en materia civil, con sede en el estado de Jalisco, y parte de la sanción que se le impuso incluye la suspensión sin goce de sueldo y el inicio de un procedimiento de responsabilidad, que puede concluir en denuncia penal en su contra por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero ante la Procuraduría General de la República.

Los integrantes de la comisión de disciplina del CJF iniciaron desde hace dos años una puntual inspección de la evolución patrimonial de los más de 700 jueces y magistrados federales que operan en el país y, a diferencia de lo que ocurría en años anteriores, ahora no ha sido necesaria la presentación de quejas administrativas contra los juzgadores para el inicio de los actos de fiscalización.

El CJF cuenta con el apoyo y colaboración de diversas instancias gubernamentales, entre ellas la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.