La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) y la Policía Federal (PF) quedaron en evidencia por su falta de compromiso en el combate al acoso laboral y sexual, luego de que trabajadoras de estas instituciones denunciaron ser víctimas de abuso ante la relatora especial de Naciones Unidas sobre Violencia Contra la Mujer, sus Causas y Consecuencias, Rashida Manjoo, quien, asombrada, escuchó los testimonios.

Haciendo acopio de valentía, las mujeres tomaron la palabra en el auditorio José María Iglesias de la sede del máximo tribunal para denunciar que las autoridades no atienden las demandas de acoso laboral o sexual, ignoran las quejas, llaman chismosas a las denunciantes o las censuran porque, dicen, sólo pretenden afectar a sus superiores.

Admiten funcionarios que sí existen denuncias

Después de lo sucedido, funcionarios judiciales reconocieron la existencia de denuncias por acoso sexual y laboral ante las Comisiones de Equidad de Género de la SCJN y del CJF que han derivado, incluso, en la no ratificación de un magistrado y un juez que fueron denunciados por acosar a mujeres que laboraban en los órganos jurisdiccionales que encabezaban.

Además, hubo quien comentó que las denuncias presentadas ante la relatora de la ONU no fueron más que la punta del iceberg de un problema que está lejos de solucionarse.

Invitada a ofrecer una conferencia magistral sobre Violencia contra las mujeres, la funcionaria de la ONU dijo, después de escuchar a las denunciantes –quienes aprovecharon el tiempo de preguntas y respuestas para dar su testimonio–, que no podía responder concretamente sobre lo dicho por las quejosas, pero recordó que el Estado tiene la responsabilidad de investigar, sancionar y remediar estas situaciones; la responsabilidad es dual, debe proteger los derechos de las víctimas.

Asimismo debe castigar a los perpetradores, no sólo a quienes directamente violan los derechos, sino también a los oficiales que no cumplen con su deber de proteger a la víctima. Aseveró que “no deberían presentarse casos de acoso sexual, si los estados y las instituciones estuvieran actuando con la debida diligencia; esto es parte de su acción, veo que hay un enorme reto…”

“Soy acosada, fastidiada desde hace año y medio, trabajo aquí, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las áreas administrativas; pensaba pedir discretamente audiencia con usted (dijo dirigiéndose a Carlos Pérez Vázquez, coordinador de Derechos Humanos y Asesoría de la SCJN), pero creo que la cobardía hay que dejarla fuera. Soy madre de un hijo con parálisis cerebral, me han acusado de que uso a mi hijo para faltar y ya no puedo trabajar así. Me toman como la loquita de la oficina, me aíslan, me discriminan (…) me están haciendo un expediente para correrme y yo lo único que pido es que me cambien de adscripción para seguir trabajando, porque soy madre soltera”, indicó Esther Flores.

Una joven alzó la mano, pidió la palabra y relató que como secretaria proyectista también sufrió acoso del juez Alfredo Rafael López Jiménez en el juzgado noveno de distrito de Iguala, Guerrero, y que a pesar de que denunció el hecho y perdió a su bebé con tres meses de embarazo, por el estrés que sufría, la autoridad no le dio la razón.

Y no sólo soy yo, hay muchas personas que también están sufriendo acoso laboral y sexual, y pareciera que el Poder Judicial de la Federación lo permite.

Sólo tratan de afectar a sus mandos, les dicen en la PF

Después habló una policía federal, quien denunció que no existen protocolos para investigar, con perspectiva de género, las denuncias de acoso sexual. Lamentó que con la complacencia del comisionado general de la PF, Francisco Galindo Ceballos, la institución se niegue a investigar las denuncias de acoso laboral y sexual, y que cuando han recurrido a los órganos internos de vigilancia les digan que las mujeres que denuncian son unas chismosas, que lo único que buscan es afectar y quitar a su mando superior con comentarios sin fundamento.

También señaló que las mujeres que se han quejado de acoso fueron enviadas a Michoacán y Tamaulipas, a pesar de que pidieron no ser trasladadas porque no tenían con quién dejar a sus hijos, y que la respuesta que les dio su mando fue: Si la libras allá, te regresamos.

La mujer dijo que si en el ámbito federal, como la Corte, el Consejo de la Judicatura y la Policía Federal, se dan éstos abusos, qué no pasará en el ámbito local.