a reciente aprobación de tres nuevos partidos políticos reaviva la sustentada crítica ciudadana por la catarata de recursos públicos destinada a ese tipo de negocios (perdón, de agrupaciones interesadas en representar a los mexicanos y cuidar sus intereses) más el que se canaliza a las instituciones ciudadanizadas (INE, Trife y Fepade) encargadas, según dicen, de vigilar y regular a los primeros, y garantizar comicios transparentes, legales y alejados de apoyos privados y financiamientos extraños.

El enojo ciudadano está más que fundado, porque sólo entre el año 2000 y 2013 de las arcas públicas salieron alrededor de 183 mil millones de pesos (cifra de la Cámara de Diputados, que no incluye apoyos privados e inyección de recursos por parte de manos extrañas) para financiar partidos políticos y organismos electorales, monto cercano a 50 por ciento de los que el gobierno federal destinó, en igual periodo, a ciencia y tecnología.

Pero el problema no se limita a la catarata de dinero público (aportado, quiéranlo o no, por los propios ciudadanos) que termina en los bolsillos de dichas instancias, sino a la ostentosa falta de resultados de empresas políticas y organismos vigilantes que consumen esos recursos, en los que, un día sí y el siguiente también, se registra un interminable cochinero.

En vísperas de la elección presidencial de 2012 en este espacio se comentó que la democracia mexicana ha resultado carísima para los ciudadanos por dos vías: la financiera –expoliación del erario– (lo que de cualquier forma no canceló la inyección de recursos por otras vías ni la descarada participación de manos extrañas; recuérdese, para no ir más lejos, Monex y Soriana, sin olvidar Pemexgate y Amigos de Fox, por ejemplo) y la ostentosa falta de resultados (económicos, sociales y políticos), es decir, el nulo costo-beneficio por el dinero utilizado, y una democracia sin resultados.

Pues bien, dos años después del cochinero electoral de 2012 el balance no ha cambiado, salvo de siglas, como en el caso del IFE-INE: los dirigentes partidarios, al igual que las autoridades electorales, siguen en sus enjuagues cupulares, transan aquí y allá, violan principios básicos y plataformas, se tapan entre sí, y se atienden a cuerpo de rey, dejando para mejor ocasión el cumplimiento de su responsabilidad para con los ciudadanos.

Oficialmente, en el proceso electoral de 2012 cada voto emitido costó al erario más de 300 pesos, pero a pie de urna se colocaron las fuerzas vivas tricolores y por fuera pagaron 500 pesos o más por cada sufragio reorientado hacia la causa el candidato copetón. Pruebas de ello sobraron, pero las dilectas autoridades (IFE, Trife y Fepade) ni por enteradas se dieron.

En el periodo 2000-2013, dieciséis empresas con máscara de partido político se prendieron a la ubre presupuestal y consumieron más de 35 mil millones de pesos en conjunto, por mucho que de los ciudadanos ni de lejos se acordaron. En el camino nueve membretes mordieron el polvo (léase perdieron el registro y el financiamiento), y a estas alturas sobreviven siete, los ganones de todo esto, que en el periodo consumieron 96 por ciento del total de esos recursos.

No hay beneficio social, el nivel de vida de los mexicanos empeora día tras día, la economía se mantiene en el suelo, los salarios son miserables, constriñen la libre expresión de las ideas, cierran o vigilan los canales de comunicación, imponen leyes contrarias al interés de la mayoría, pactan a espaldas de sus representados, no escuchan razones, negocian en lo oscurito, hacen chanchullos por doquier, son gestores del gran capital y todavía viven como reyes con el financiamiento que sale de los impuestos pagados por los ciudadanos, porque así es la democracia.

Las siete empresas políticas que se mantienen activas y reciben dineros públicos (para evitar la participación de manos extrañas, según dicen) en el periodo referido consumieron casi 34 mil millones de pesos del erario: en números cerrados, 9 mil 900 millones para el PRI; 9 mil 250 millones para el PAN y 5 mil 430 millones para el PRD, el 70 por ciento del total. El restante se distribuye entre el Verde (3 mil 61 millones), el PT (2 mil 481 millones), Movimiento Ciudadano (2 mil 200 millones) y el Panal (mil 520 millones). Todo, claro está, libre de impuestos. ¿Qué han dado a cambio? ¿Qué resultados han ofrecido?

Lo anterior, desde luego, no considera los generosos presupuestos que, vía sus respectivas bancadas, obtienen en la Cámara de Diputados y en la de Senadores donde, también, se sirven con la cuchara más grande. Obvio es que tampoco se considera los diezmos, los pellizcos a las partidas para los municipios y otro tipo de enjuagues que son altamente lucrativos. Tampoco los dineros públicos que se canalizan a los Institutos Electorales de los estados, es decir, otra catarata.

A ello debe sumarse el río de dinero que se canaliza a la autoridad del ramo, que no es otra que la santísima trinidad electoral: el IFE-INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) y la Fepade, organismos que del año 2000 a 2013 recibieron alrededor de 148 mil millones de pesos. En el caso del primero, en dicho periodo tuvo cuatro presidentes quienes, al igual que los consejeros, se sirvieron con la cuchara más grande que encontraron, aunque no pudieron con los procesos electorales; los magistrados del Trife negociaron en lo oscurito (favor con favor se paga) para que el Legislativo les autorizara una generosísima pensión vitalicia, pero fue tal el escándalo que oficialmente lo dejaron para mejor ocasión, lo que no quiere decir que la posibilidad esté cancelada. Y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) que no oye ni se entera ni investiga pero, eso sí, se quema los recursos públicos con mexicana alegría.

Entonces, ¿los partidos políticos y las instituciones electorales realmente valen el oro que los mexicanos gastan en ellos? Ni de lejos, pero recuérdese que son los propios partidos, por medio de sus representantes (de ellos, no de los ciudadanos) en el Legislativo y con el aval del Ejecutivo, los que deciden cuánto, cómo y en qué se gasta el dinero de los mexicanos. Y a partir de ya, tres más –entre ellos el de Felipe Calderón– se trepan al carro.

Las rebanadas del pastel

Tremendo escándalo por la superfiesta panteonera de la sobrina de Felipe Calderón, autorizada por el delegado en Miguel Hidalgo, Víctor Romo. Lamentable, pero si la residencia oficial de Los Pinos se utiliza para desfiles de moda de la primera Gaviota de la nación, y nadie dijo nada, cómo no usar la Rotonda de las Personas Ilustres para las pachangas del personal de relleno de Televisa.

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