Las disposiciones de las leyes de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ‘‘convierten a ambas empresas en propiedad del presidente Enrique Peña Nieto, no del Estado mexicano, lo que fomenta el florecimiento de negocios personales’’, advirtieron senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Durante la discusión en lo particular de esa leyes, incluida en el tercer dictamen de la legislación secundaria en materia energética, los perredistas Dolores Padierna, Alejandro Encinas, Luis Sánchez y Rabindranath Salazar insistieron en que se modificaran los artículos de ambas leyes que establecen que se trata de empresas productivas ‘‘de propiedad exclusiva del gobierno federal’’.

Lo anterior fue uno de los puntos que priístas y panistas aceptaron que se debatiera la tarde de ayer, pero lo votaron en contra. Por la mañana, el presidente de la Comisión de Energía, David Penchyna (PRI), se había reservado el artículo 2 de la Ley de Petróleos Mexicanos, pero dos horas después lo retiró.

Argumentó que reflexionó y aunque en principio compartía cambiar la redacción y establecer que ambas empresas son propiedad exclusiva del Estado o de la nación, recordó el artículo 25 constitucional, del cual se desprende que para efectos jurídicos ‘‘lo correcto, preciso y congruente’’ es la redacción contenida en la legislación secundaria.

‘‘La visión de Luis XIV’’

A su vez, Dolores Padierna recalcó que confunden Estado con gobierno ‘‘para que las dos empresas más importantes del país pasen a ser propiedad de Peña Nieto’’. Igualmente, Alejandro Encinas resaltó que es obvio que Pemex y CFE son propiedad de la nación, ‘‘pero aquí se usa la visión de Luis XIV, quien sostenía ‘el Estado soy yo’’’.

Agregó que esa es la visión de Enrique Peña: ‘el dueño de las empresas soy yo, quien dispone el uso de la renta petrolera soy yo’. Esto conduce a un presidencialismo autoritario. Pemex y CFE son propiedad de todos los mexicanos’’, recalcó.

Padierna precisó que se busca quitar la productividad a las empresas estatales para que puedan ser desplazadas por las compañías trasnacionales. ‘‘Petróleos Mexicanos es la segunda empresa más rentable del mundo; la Comisión Federal de Electricidad es tan grande que el gobierno ha decidido partirla en pedacitos para dejar el camino libre’’.

Agregó que se pretende que Pemex y CFE dejen de ser empresas rentables al Estado para que las decisiones sobre ellas las pueda tomar en forma directa un pequeño grupo en el gobierno federal. ‘‘Es inadmisible que las empresas más importantes del país pasen a ser propiedad exclusiva de Peña Nieto’’, insistió.

Señaló que, además, los artículos 41 y 42 le dan al Presidente de la República la facultad para que discrecionalmente decrete las zonas de salvaguarda, ‘‘es decir, las regiones a expropiar que se le darán a las empresas extranjeras’’. La reserva a esos artículos fue rechazada por la mayoría PRI-PAN.

Los perredistas reservaron la mayor parte del articulado de ambas leyes. La discusión la centraron también en el régimen accionario de Pemex y CFE y propusieron modificar la integración del consejo de administración de ambas empresas.

Asimismo, plantearon eliminar el artículo transitorio décimo cuarto que obliga a ambas paraestatales a pagar un dividendo de 30 por ciento del remanente que quede de restar de los ingresos todos los impuestos, todos los derechos. ‘‘Será una nueva extracción de recursos muy significativa; haciendo el cálculo con datos del año 2013, Pemex pagaría 118 mil millones de pesos nada más de dividendo’’, dijo Padierna Luna.

En tanto, su compañero de bancada Luis Sánchez advirtió que con ambas leyes se rompe la integración de Pemex y CFE, y se fomenta el florecimiento de negocios personales a su costa.

Propuso que se separen las actividades de Petróleos Mexicanos con la visión de ver todo ‘‘como negocio’’. Hizo notar que se confiere a los particulares realizar refinación, petroquímica, transporte, almacenamiento y comercialización de combustibles.

En el esquema propuesto, dijo el legislador perredista, se crean filiales de Pemex a las que se darán los contratos, pero no serán consideradas paraestatales y por tanto no quedan sujetas a la rendición de cuentas.