El Congreso Nacional de Comunicación Indígena (CNCI) anunció que analizará medidas legales contra la aprobación de la ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión, incluida la promoción de un amparo. En tanto, activistas y académicos especialistas señalaron que la norma viola disposiciones constitucionales y resta soberanía al país.

Braulio Vázquez, coordinador del CNCI, subrayó que la legislación es discriminatoria y violatoria de los derechos humanos colectivos de los pueblos indígenas, por lo que habrán de realizarse acciones ante los congresos de Guerrero, Oaxaca y Michoacán, donde hay mayor concentración de radios comunitarias, así como emprender medidas conjuntas con la Asociación Mexicana de Derecho a la Información y Artículo 19.

Franco Gabriel, de la Agencia Internacional de Prensa Indígena, mencionó que la discriminación llega al punto de que los 20 vatios autorizados en la Ley para una radiodifusora indígena es una potencia apropiada para una radio escolar de primaria o secundaria, no para comunidades dispersas en vastos territorios.

El obispo de Saltillo, Raúl Vera López, lamentó que en las cámaras legislativas se estén aprobando proyectos que ahondarán aún más las calamidades que vive México, y que son producto del cinismo político.

En una homilía en la Basílica de Guadalupe y en conferencia de prensa posterior, Vera López precisó que desafortunadamente las formas de gobernar privilegian a un sector de la población y señaló que aunado a esto se modifican leyes para favorecer a un sector minoritario.

Subrayó que las reformas laboral, educativa, energética, de telecomunicaciones y hacendaria promueven el esclavismo y quitan soberanía al país. Además, criticó que el poder de decisión que otorgamos a los gobernantes lo están desviando para hacer cada día más poderoso a un grupo muy reducido de personas a costa del empobrecimiento de las mayorías.

A su vez, Mario Cruz Martínez, académico del departamento de derecho de la Universidad Iberoamericana, dijo que el artículo 90 de la ley de telecomunicaciones, que se refiere a las radios comunitarias, viola el principio pro persona al estipular que las emisoras sólo podrán utilizar 10 por ciento de las bandas de AM y FM, lo que podría derivar en una controversia constitucional.

También especialista en derechos indígenas, lamentó que el Estado mexicano optara por la aplicación de una política de espejitos respecto de las radios comunitarias, las cuales son un vehículo muy importante para diferentes manifestaciones políticas de la ciudadanía indígena, pero sobre todo sirven para continuar difundiendo su propia cultura.