La delegación Benito Juárez deberá entregar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) un informe de los contratos de obras y servicios otorgados en los pasados cinco años a empresas y sociedades civiles y mercantiles en los que sean accionistas o asociados Mateo Codina Velten y Ángel Rimak Eguren Cornejo.

Ambos fueron detenidos en Brasil junto con los ex funcionarios de la delegación Benito Juárez Sergio Eguren Cornejo y Rafael Medina Pederzini, por abusar sexualmente de una mujer y agredir físicamente al cónyuge de ésta, y se encuentran bajo sospecha de haber financiado dicho viaje como compensación por la adjudicación de un contrato para licencias de software para la demarcación.

En un punto de acuerdo que aprobó ayer la Diputación Permanente de la ALDF, se pidió también a la Contraloría General del Distrito Federal (CGDF), que indague si existen contratos con empresas vinculadas a Codina y Eguren con el órgano político administrativo firmados en los pasados cinco años.

La CGDF realiza ya una investigación sobre dicho proceso licitatorio, luego de que la empresa Oracle, que supuestamente habría suministrado dicho programa de cómputo, informó que Codina Velten, quien se ostentó como su representante comercial, no sólo no tiene relación laboral alguna, aunque colaboró con ella antes de 2005, sino que tampoco tiene contrato con niguna delegación, por lo que dicho software estaría operando sin licencia y de manera ilícita.

El punto, presentado en tribuna por la diputada del PRD Lucila Estela Hernández, a nombre de sus compañeras Ernestina Godoy Ramos y Dinorah Pizano Osorio, requiere además a la demarcación y a la CGDF información e investigaciones sobre otros contratos de licitación en los que intervinieron, sus ingresos como servidores públicos, el periodo vacacional y las autorizaciones correspondientes, entre otros.

Antes, la Diputación Permanente aprobó otro punto de acuerdo de la diputada Rocío Sánchez Pérez, para exhortar a la delegación Benito Juárez y el Comité Directivo Regional del PAN a reforzar la cultura de la igualdad y no violencia entre mujeres y hombres dentro de sus respectivas estructuras, y sancionar a quienes incurran en actos de violencia hacia la mujer.

Esto, al considerar que el delegado Jorge Romero Herrera y el dirigente local panista, Mauricio Tabe Echartea, desestimaron la actuación de ambos ex diputados locales del PAN con el pretexto de que no se tenía por acreditada la información sobre los actos en que incurrieron en el país sudamericano.