Naucalpan, Mex., 8 de julio.

La comunidad otomí El Castillo, ejido de San Francisco Chimalpa, acusó abuso de autoridad y uso excesivo de la fuerza pública en la construcción de la autopista Naucalpan-Aeropuerto de Toluca, porque no se respetan acuerdos y, en mayo, con máquinas de trascabo demolieron casas, negocios y detuvieron a cinco hombres que trataron de salvar a sus familias y pertenencias en una franja que es parte del trazo vial.

Julio Ocaña Vázquez, jefe de barrio de la comunidad El Castillo, aseguró que el Sistema de Autopistas, Aeropuertos, Servicios Conexos y Auxiliares (Saascaem), así como la Subsecretaría de Gobernación y los representantes legales de la constructora Autovan no han cumplido con acuerdos suscritos con los vecinos en mayo pasado.

Explicó: No nos oponemos a la obra, pero las autoridades aceptaron realizar avalúos de bienes y pagar afectaciones. Pedimos que retiren demandas penales contra nuestros vecinos y cumplan con obras urbanas para la comunidad.

Los afectados comentaron que estaban en plena platica con autoridades estatales cuando, el 30 de mayo, más de 300 granaderos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), auxiliados con máquinas de trascabo, ingresaron a una franja territorial ubicada en el kilómetro 9.5 de la citada carretera y comenzaron a demoler negocios y viviendas de 15 familias, algunas de las cuales estaban dentro de los inmuebles. Los bienes de las familias –electrodomésticos, camas, materiales de comercios, muros de tabique y láminas– fueron reducidos a escombros.

Asimismo, los hermanos Anselmo, Julio, Ernesto y Rubén Joaquín Valentín, así como José Mercedes Manuel Roberto, fueron detenidos por la policía. Nos acusaron de despojo en agravio de Saascaem. Todos están sujetos a proceso penal, comentan.

No se preocupen, se les va a pagar todo, así nos dijo Cuauhtémoc García Ortega, director de Gobernación regional, comentó Juan Asencio Gómez. Dijo que creyeron en la autoridad, pero ahora el funcionario no contesta las llamadas telefónicas.

Representantes vecinales exigieron el pago de daños a familias desalojadas y el retiro de demandas penales contra los afectados.