Integrantes del movimiento Mujeres de Hierro, formado en su mayoría por militantes del PRI, entregaron ayer al presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Manuel Granados Covarrubias, una propuesta de reformas al Código Penal para que se equipare el cargo de directivo de un partido político al de un servidor público, a efecto de que se les apliquen las agravantes previstas para estos últimos en las penas por violación y abuso sexual.

La propuesta del grupo –que ha convocado a manifestaciones frente a la Procuraduría General de Justicia capitalina para exigir que se agilice la investigación de la denuncia contra el ex presidente del PRI-DF, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, acusado de operar una red de prostitución en las instalaciones de esa organización– plantea además que a los funcionarios o directivos de institutos políticos se les imponga igual la destitución e inhabilitación del cargo.

La propuesta añade que tampoco se le permita ser registrado como candidato a cualquier cargo de elección popular, por un término igual al de la pena de prisión que se le imponga, aunque la ley ya impide a una persona el ejercicio de sus derechos políticos, aun cuando cumple sentencia condenatoria fuera de prisión.