uego de 17 horas de discusión, el Senado de la República aprobó en lo general y lo particular las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones, proceso que debió haber culminado hace más de seis meses.
El dictamen avalado por los senadores establece que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, órgano regulador del ramo, emitirá declaratorias de preponderancia por sector (telecomunicaciones o radiodifusión) y no por servicio (televisión abierta o restringida, radio, telefonía fija o móvil e Internet), como demandaban legisladores de oposición, académicos y organizaciones de la sociedad civil. Para efectos prácticos, dicha disposición implica que no se trastocarán los intereses del duopolio televisivo, particularmente de Televisa, en el creciente mercado de la televisión de paga, y que se afectarán, en cambio, los de su principal competidor: América Móvil, de Carlos Slim. Por lo anterior, diversas voces dentro y fuera de las cámaras legislativas han venido denunciando que la referida ley está concebida y diseñada para beneficio de la televisora de Chapultepec, una suerte de redición de la ley Televisa aprobada en 2006 y posteriormente declarada inconstitucional en sus partes medulares por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Pero más allá de los enjuagues y los choques entre poderes fácticos como los que representan los consorcios de Emilio Azcárraga y Carlos Slim –que en esta ocasión parece haberse definido en favor del primero–, un punto medular de la referida ley es que apunta a perpetuar y fortalecer el predominio empresarial sobre el espectro radioeléctrico, circunstancia que violenta la libertad de información y el acceso a la información de otros sectores, y propicia el sello mercantilista y publicitario de los contenidos, de por sí extremado en la actualidad.
Otro punto preocupante de esta ley, que han sido poco atendido en el debate público, es el hecho de que se faculta a las agencias de seguridad del Estado mexicano para recolectar datos de comunicaciones y de actividad en línea de los ciudadanos, sin control judicial, bajo la presunción de que pudieran estar siendo usadas para cometer delitos. Dicha disposición abre un margen de maniobra inaceptable para las violaciones a la privacidad y para la censura.
Por si fuera poco, durante el proceso legislativo que concluyó ayer en el Senado pudo apreciarse una clara intromisión del Ejecutivo en tareas que corresponden exclusivamente al Legislativo, como el hecho de que el dictamen discutido y avalado fue redactado, en sus partes sustanciales, en la Presidencia de la República. Ello da cuenta de un retroceso a tiempos que se creían superados, en los que los legisladores se alineaban a la voluntad presidencial y el principio de separación de poderes no era más que una simulación.
A reserva de lo que ocurra en la Cámara de Diputados, cuyos integrantes deberán avalar o modificar el dictamen referido, con la votación de ayer en el Senado no sólo se revirtieron los aspectos positivos introducidos en la reforma constitucional del año pasado –lo que equivale a una traición de los senadores a su propia palabra de democratizar y ampliar los márgenes de competencia en los medios–, sino que también se exhibió un sistema político claudicante ante los poderes monopólicos y proclive a la involución y al engaño.
