ebastián Lerdo de Tejada asumió el cargo en diciembre de 2012. En febrero de 2013 declaró que podremos hacer más con menos recursos. Dos meses después ya reconocía que de no implementar cambios, el déficit financiero llegará a 8 mil 500 millones de pesos en 2020.

En junio, el Informe Financiero y Actuarial 2013 (IFA-2013) establecía que la situación no refleja la realidad que encara el Issste, ya que enfrenta desequilibrios en la estructura de ingresos y gastos de algunos de los seguros y prestaciones, en particular el seguro de salud. Refleja una realidad de suficiencia económica limitada y de viabilidad financiera comprometida a largo plazo.

A pesar de que el Issste reformado ya no soporta las pensiones de quienes, por los exitosos amparos, quedaron cubiertos por el artículo décimo transitorio –ahora en responsabilidad plena de la SHCP– ni tampoco de los de nuevo ingreso, que jugarán el futuro de su retiro en la ruleta financiera de Pensionissste, sus cuentas no daban. El IFA-2013 sólo ofrecía estimar posibles modificaciones a las cuotas y aportaciones para garantizar la viabilidad financiera del instituto.

El éxito de la reforma de Calderón y su alivio sobre las finanzas públicas fue propaganda. La ley de 2007 es más cara que la que abrogó (1983). Y para poner a flote al Issste, el PRI-Peña pretendía que los trabajadores del apartado B pagaran más cuotas con peores servicios.

En octubre de 2013, Lerdo documentó que el Issste enfrentaba restricciones presupuestales. En 2012 recibió transferencias gubernamentales por 15 mil 765 millones de pesos para afrontar sus desequilibrios. De los nueve fondos que opera, cuatro registraban déficit: el seguro de salud, 2 mil 471 millones de pesos; el de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, 9 mil 487 millones de pesos; el de prestaciones sociales y culturales, 2 mil 106 millones de pesos, y el de riesgos de trabajo, 262 millones de pesos.

También aclaró que el IFA-2013 por ningún motivo sustituye la obligación que establece el artículo 46 transitorio de la ley para revisar la viabilidad futura del instituto, que debió haberse realizado en 2011. Para solventar esta omisión se presentará a nuestro órgano de gobierno como lo establece la ley y se le hará llegar a esta soberanía. Diez meses después, Lerdo no había revisado absolutamente nada.

Y su solución era sencilla: la ley establece que en caso de requerirse recursos adicionales para cubrir las necesidades de operación, éstos deberán provenir de las cuotas y aportaciones o de transferencias del gobierno federal.

Pero a pesar de este panorama –que confirma el fracaso de la reforma de Calderón–, Lerdo no renunciaba a seguir publicitando la demagogia de la universalidad de Peña Nieto, que culminó en aprobaciones legislativas para establecer derechos universales de protección social mínima –o de piso básico, en el lenguaje de OIT– como la micropensión y la farsa de seguro de desempleo NO universales.

Sostuvo que el Issste respalda las propuestas de reforma del presidente Peña para iniciar una nueva generación de políticas y seguridad social. Un estado social y democrático de derecho para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para todos. Bienvenido el cambio de paradigma que implica la convicción de que el derecho a la salud no sólo es un derecho laboral, es fundamentalmente un derecho humano.

Lamentablemente, la universalidad-Peña que suscribe Lerdo es regresiva: eleva impuestos y reduce prestaciones. Siguiendo el proyecto de reforma sanitaria de la secretaria Mercedes Juan (25/04/14), pretende imponer paquetes básicos sobre el IMSS- Issste.

Coincidiendo con el ministro de la SCJN José Ramón Cossío, para quien en el derecho a la salud se debe pensar cómo se debe satisfacer, no en la retórica constitucional, sino en acciones concretas, Mercedes Juan quiere una reforma que necesariamente modifique el artículo 4 constitucional.

Con esta nueva base constitucional busca introducir en el IMSS, Issste, Sedena, Semar y Pemex: 1) garantías explícitas (o paquetes básicos mínimos) que racionen las intervenciones de salud, ahora sujetas a condiciones precisas para el acceso a los servicios; 2) homologar interinstitucionalmente protocolos de atención y tarifas para aplicar esa paquetería explícita; 3) incrementar gradualmente la lista racionada de intervenciones ya como paquetes básicos explícitos; 4) crear una procuraduría que vigile y haga exigibles los paquetes mínimos explícitos. Además, asegurada su independencia respecto de todas las instituciones, esa procuraduría dispondría de la facultad de obligar a cada una de ellas a prestar los servicios o pagar en el caso de que no los puedan prestar o hacer un direccionamiento del paciente a un proveedor alterno ¿privado?; 5) finalmente, integrar una Comisión Nacional de Salud Universal con todas las instituciones –más la Secretaría de Hacienda– con el encargo de ejecutar el racionamiento a paquetes básicos mínimos, así como de determinar costos y tarifas interinstitucionales (portabilidad).

En un Issste cruzado por el derroche, corrupción endémica, desfalcos y malversación de recursos durante los años panistas y extendiendo la hueca tónica de sus antecesores, Lerdo ofrece, por enésima ocasión, iniciar un proceso de transformación que ostenta como primera prioridad mejorar la atención al derechohabiente brindando servicios de calidad, calidez con cobertura y capacidad resolutiva oportuna en todas las áreas, así como reducir y atender con prontitud las quejas.

Como denuncia el decálogo de #Yosoy17: Los trabajadores de la salud y los derechohabientes no somos responsables del desmantelamiento de las instituciones de salud y seguridad social. Es brutal la corrupción que existe en el sistema.

¡Vaya universalidad!

* Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco