Las limitaciones impuestas a las radios comunitarias e indígenas en las leyes reglamentarias de telecomunicaciones están motivadas por una visión racista y colonialista de los legisladores, quienes siguen considerando a los pueblos originarios como ciudadanos de segunda, cuyos derechos deben ser tutelados por el gobierno, sostuvo Sócrates Vázquez, integrante del equipo de coordinación de la Radio Comunitaria Jënpoj, quien señaló que la iniciativa busca debilitar los proyectos alternativos de comunicación y cooptar a los movimientos sociales que los sustentan.

En tanto, la Agencia Internacional de Prensa Indígena (AIPIN) estudia solicitar un amparo para detener la votación del dictamen de las leyes reglamentarias telecomunicaciones, porque considera que son violatorias de los derechos de los pueblos originarios a ejercer la comunicación, además de que no han sido consultadas con las comunidades, como señalan la Constitución y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), anunció Franco Gabriel, dirigente de esa organización.

El coordinador de la Radio Comunitaria Jënpoj agregó que darnos una baja potencia y ponernos hasta el final de la banda de frecuencia modulada (FM) es un acto discriminatorio. Para nosotros, es una visión racista y colonialista de los legisladores y de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, que nos ven como ciudadanos de segunda.

Aseveró que en los hechos el gobierno obstaculiza la operación de las radios comunitarias y criminaliza a sus miembros, añadió el también representante legal de la emisora, que lleva 13 años operando en la sierra mixe de Oaxaca.

La asignación de frecuencia al final de la banda no permite el crecimiento de nuestras radios o que surjan otras. Además, está el asunto de que sólo nos den uno por ciento de la publicidad estatal o federal, lo cual es irrisorio y paternalista, porque ese dinero sólo se le dará a quienes se alineen (con el gobierno).

Vázquez lamentó que muchos legisladores crean la versión de los medios comerciales de que las estaciones comunitarias son competencia desleal o que incluso pueden hacer que se pierdan miles de empleos si se les permite conseguir publicidad.

Por su parte, Amnistía Internacional llamó a los legisladores a garantizar que la ley de telecomunicaciones proteja los derechos humanos, en particular a la privacidad y la libertad de expresión.