uego de la aprobación general de la ley secundaria en materia de telecomunicaciones por las comisiones unidas del Senado –ocurrida durante la madrugada de ayer–, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con el respaldo de los legisladores de PRI y PAN, citó a un nuevo periodo extraordinario de sesiones a partir de hoy para discutir y aprobar la referida legislación.
En el dictamen aprobado se prevén medidas consideradas como un retroceso con respecto a la reforma constitucional de 2013 en la materia, empezando por el hecho de que el nuevo documento establece que las declaraciones de preponderancia sean por sector (telecomunicaciones y radiodifusión) y no por servicios, lo que, de aprobarse en la versión final de la ley, implicaría dejar intactos los intereses monopólicos de Televisa en el creciente mercado de la televisión restringida, lo que equivaldría a la perpetuación del predominio del duopolio televisivo en el mercado de las telecomunicaciones.
Por otra parte, el proceso legislativo correspondiente ha estado marcado por irregularidades diversas, empezando por la participación de los legisladores que tienen vínculos laborales, empresariales o familiares con las empresas televisivas –la llamada telebancada–, quienes habrían tenido que excusarse de los debates correspondientes por estar colocados en un evidente conflicto de intereses.
A lo anterior debe añadirse el hecho, denunciado por legisladores del PRD, de que el dictamen discutido no fue producto de la deliberación y discusión realizada en las comisiones del Senado, sino que salió del escritorio de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, según pudo documentarse con un correo electrónico enviado a los senadores involucrados en la votación. Lo anterior evidencia una vulneración inadmisible al principio de separación de poderes y una clara intromisión del Ejecutivo en los trabajos del Legislativo.
Con todo, la responsabilidad principal de semejante irregularidad no recae en Los Pinos sino en los senadores que aceptaron recibir el texto junto con la instrucción de aprobarlo; colapsaron, con ello, la pretendida independencia y soberanía del Congreso de la Unión y redujeron esa instancia legislativa a la condición de oficialía de partes de la Presidencia de la República. Semejante adulteración de los procesos soberanos tiene el efecto de colocar al Poder Legislativo en una doble claudicación: ante la voluntad presidencial y ante el poder fáctico de los consorcios de medios de comunicación, los cuales han emprendido, en no pocas ocasiones, campañas de linchamiento y chantajes contra integrantes del Senado o de la Cámara de Diputados que han buscado poner un coto a los intereses corporativos de este poder mediático: basta citar, como precedente, las presiones indebidas de que fueron objeto los diputados y senadores involucrados en la aprobación de la llamada ley Televisa en 2006, así como la asonada mediático-empresarial emprendida en contra del Senado en el marco de la discusión de la reforma político-electoral de 2007.
En suma, la ley secundaria en materia de telecomunicaciones, en caso de aprobarse en sus términos actuales, equivaldría a una defección de los legisladores de lo que ellos mismos aprobaron en la reforma constitucional del ramo. Más grave aun: cabe preguntarse sobre qué base de credibilidad social puede operar un Poder Legislativo que muestra semejante sumisión ante las intromisiones de la Presidencia y ante los intereses empresariales.
