Monterrey, NL, 3 de julio.

Eliminar las figuras del arraigo y el perdón del ofendido, así como el delito de estupro para catalogarlo como violación, son algunas de las propuestas recabadas en el primer foro regional para la elaboración del Programa de Atención Integral a Víctimas.

Terminar con el perdón del ofendido es importante porque se usa para extinguir la responsabilidad del ofensor, señaló la juez familiar Laura Longorio. Esta figura es muy recurrente en Nuevo León en delitos de violencia familiar, y se aplica cuando la mujer retira las acusaciones contra su pareja, ya sea porque se arrepiente genuinamente o porque teme represalias mayores; por ello las agresiones deben seguirse de oficio, propuso.

Cuatro mesas de trabajo analizaron las normas vigentes sobre violencia familiar, sexual y trata y tráfico de personas; detención arbitraria, tortura y tratos crueles; personas desparecidas o ausentes, además de secuestro y homicidio.

Propusieron crear la carrera profesional de atención a víctimas, elaborar un cuestionario escolar para detectar abusos, capacitar a los policías municipales para documentar la trata de personas y crear un observatorio nacional para registrar desapariciones en cada entidad.

En la reunión, efectuada miércoles y jueves, participaron funcionarios y activistas de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, Durango y San Luis Potosí.

Las conclusiones, que se leyeron en privado, se integrarán a las que surjan en los próximos foros, a realizarse en Morelia, Michoacán; Cuernavaca, Morelos, y Veracruz, para elaborar un documento final en octubre.

Se solicitó diseñar un programa especial de emergencia enfocado a niños víctimas de violencia familiar y crear refugios para que las víctimas no tengan que convivir con su agresor, así como elaborar un sistema de evaluación por entidad federativa.

Asimismo, demandaron crear un registro nacional de detenidos, crear salas de interrogatorio con videocámaras y aplicar el cumplimiento de condenas en libertad para dismininuir el hacinamiento en los penales.

En cuanto a los migrantes, propusieron crear patrullas de acompañamiento, buscar alternativas a la detención, permitir que aquellos que sean víctimas de delitos puedan proseguir una denuncia desde sus lugares de origen o destino, proporcionarles un documento de identidad con fotografía que sea reconocido y respetado en México y que el Servicio Postal Mexicano y Telégrafos Mexicanos les permitan el envío y recepción de remesas.

En cuanto a los desaparecidos, sugirieron capacitar a organizaciones ciudadanas para apoyar en las búsquedas, promover el intercambio de información entre gobierno y activistas y sensibilizar a los medios de información para hacer más visible este problema.