Las áreas naturales protegidas sin programa de manejo –como Yum Balam, donde se ubica la isla Holbox– y el agua, de la cual México tiene baja disponibilidad, están en riesgo con las leyes secundarias de la reforma energética, advirtieron organizaciones ambientalistas.

Afirmaron que además atentan contra derechos humanos y sociales, ya que se da prioridad a la obtención de beneficios económicos a partir de los hidrocarburos y la generación de energía eléctrica, por encima de los derechos de tierra y el abasto de agua. Los avances en materia ambiental se irán para atrás con estas leyes, señalaron.

En conferencia de prensa, representantes del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética en la Edificación (AEAEE) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) advirtieron que las propuestas que contienen las leyes son “focos rojos en temas como el combate al cambio climático, la promoción de energías renovables, la fracturación hidráulica (fracking), el derecho a la consulta y participación, así como los derechos humanos al agua y a un medio ambiente sano”.

Con el propósito de evitar impactos sociales negativos es preciso diseñar una política socio-ambiental, donde la explotación de energías renovables genere beneficios claros a los propietarios de la tierra y a las comunidades indígenas y campesinas involucradas, sostuvo Carlos Tornel, analista de políticas públicas del Cemda.

Agregó que eso se lograría con esquemas transparentes de negociación, acuerdo y pago de contraprestaciones, y con la participación efectiva de las comunidades en la toma de decisiones bajo el marco de derechos humanos.

La relación agua-energía es muy estrecha, ya que las fuentes de energía –entre ellas, la electricidad– utilizan agua en todas las fases de su proceso productivo, y el paquete energético tiene consecuencias en el uso y aprovechamiento del líquido, señaló.

Las iniciativas no toman en cuenta la reforma del artículo cuarto constitucional de febrero de 2012 para garantizar el derecho humano al agua, el cual mandata la publicación de una ley general de aguas dentro de los 360 días posteriores a la reforma, al día de hoy esto no sólo no ha sucedido, sino que se pretende reformar la vigente Ley de Aguas Nacionales, lo cual es un mensaje claro de que el Estado mexicano ignora su deber de proteger, garantizar y respetar el derecho humano al agua mediante la publicación de una nueva ley.

Sobre todo, destacaron que los hidrocarburos sean considerados de utilidad estratégica y prioritaria sobre cualquier otra actividad de aprovechamiento de la superficie o del subsuelo, lo cual afectaría a todas las personas que también realizan actividades de aprovechamiento sobre una superficie, como agricultores, ganaderos, pueblos indígenas y comunidades forestales.

Además, zonas como los corredores biológicos, que permiten actividades de conservación y aprovechamiento en función de la conectividad de ecosistemas, quedan también en riesgo.