Al año, el Gobierno del Distrito Federal (GDF) inyecta a la economía local unos 8 mil millones de pesos mediante las transferencias monetarias que realiza a cuando menos 19 programas sociales, entre los que destacan la pensión alimentaria, mejoramiento barrial, becas a niños y niñas talento, a personas con discapacidad, madres solteras y Prepa sí.

Por ejemplo, el primer día de cada mes el gobierno capitalino eroga cerca de 500 millones de pesos para el pago de la pensión alimentaria. Una cifra similar, pero al año, destina a uniformes y útiles escolares para alumnos y alumnas inscritas en escuelas públicas del Distrito Federal.

Este año el programa de mejoramiento comunitario barrial cuenta con un presupuesto de 100 millones de pesos; en este caso los recursos sirven para adquirir material de construcción, pintura o para el pago a trabajadores, entre otros insumos.

A madres solas con hijos e hijas menores de 15 años de escasos recursos residentes en la ciudad de México, de ingresos menores a dos salarios mínimos, destina 4 millones al año. Y a los niños y niñas talento, 330 millones de pesos.

Al respecto, la secretaria de Desarrollo Social del Distrito Federal, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, explicó que la idea de que gran parte de los apoyos que se otorgan sean por medio de transferencias electrónicas, ya sea en efectivo o para adquirir diferentes productos, tiene dos objetivos: que los recursos no se queden en una sola empresa y que los derechohabientes usen el dinero o utilicen la tarjeta o vale electrónico donde quieran.

La decisión del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, es que haya libertad para que las personas gasten el dinero donde quieran, donde les quede más cerca, donde los atiendan mejor, señaló.

Citó el caso de los vales electrónicos para adquirir útiles y uniformes escolares que cada año se entregan a los padres de familia: Si el Gobierno del Distrito Federal, en vez de vales electrónicos entregara útiles o uniformes, tendría que hacer una licitación y sólo habría uno o dos ganadores a quienes compraría el material, como sucede en otros estados de la República, mientras que de esta manera los derechohabientes deciden dónde los utilizan.

Detalló que por este concepto en 2013 se tuvo una derrama económica de alrededor de 500 millones de pesos por 6 mil 709 comercios pequeños, medianos, y grandes de las 16 delegaciones. Del ciento por ciento de los recursos gastados, 84 por ciento se realizó en pequeños comercios, y el resto en cadenas comerciales.