La comisión especial de diputados para el asunto de los casinos solicitó formalmente a la Secretaría de Gobernación (SG) información acerca de la presunta relación de los establecimientos Big Bola con las empresas Oceanografía y Explotaciones La Caprichosa, así como sobre la posible vinculación con una red de lavado de dinero.

Esta situación pondría en entredicho la legitimidad del proceso de compraventa de los salones Big Bola (del permisionario Comercial de Juegos de la Frontera, administrado por Óscar Rodríguez Borgio), se indica en la misiva enviada por los legisladores a la directora de Juegos y Sorteos de la SG, Marcela González Salas Petricioli.

Permiso en condiciones muy favorables

La comisión pide datos acerca de las condiciones muy favorables con las que se otorgó, en diciembre de 1997, el permiso con vigencia ilimitada para 18 centros de apuestas remotas con sala de sorteo de números.

Los diputados subrayaron a la funcionaria que se desconocen los términos específicos de la autorización, por lo que piden que se precise si en la SG existe algún procedimiento administrativo contra el operador de estos casinos.

Según la información preliminar al alcance de los legisladores por el caso Oceanografía y el fraude a Citigroup-Banamex, Martín Díaz Álvarez y los hermanos Francisco Javier y Óscar Rodríguez Borgio (este último actual administrador único de Big Bola) cuentan con orden de aprehensión de la PGR y con alerta roja de la Interpol para ser localizados (acta circunstanciada UEIORPIFAM/74/2013) por los delitos de lavado de dinero y defraudación financiera.

Según datos extraoficiales, Díaz Álvarez, ex presidente del consejo de administración de la naviera Oceanografía y la Caja Libertad, es el principal indiciado por el fraude en perjuicio de Banamex y Pemex por más de 585 millones de dólares, además del presunto lavado de dinero por medio de las empresas Big Bola, Caja Libertad y el equipo de futbol Querétaro, entre otros delitos.

La información extraoficial –de conocimiento de los diputados– indica que la empresa Big Bola se habría asociado con los hermanos Aguirre Vizzuet para operar permisos de Atracciones y Emociones Vallarta, la cual fue vendida al empresario Julio Ordóñez Langarica, quien fue denunciado ante la Procuraduría General de la República (PGR) por haber sobrevendido más de 50 permisos para casinos, entre otros los del Royale, donde medio centenar de personas murieron a causa del incendio ocurrido en agosto de 2011.

Aguirre Vizzuett habría sido administrador de explotaciones de la finca La Caprichosa (ubicada en España, de los hermanos Rodríguez Borgio) y estaría supuestamente vinculado a Ángel Isidoro Rodríguez, El Divino, ex banquero procesado por fraude y lavado de dinero en el sexenio zedillista (1994-2000).

A su vez, una ficha informativa de la SG precisa que el permiso en cuestión (DGG/723/97) fue otorgado el 18 de diciembre de 1997 y fue firmado por Gonzalo Altamirano Dimas, siendo importante destacar que el mismo no tiene vigencia, ya que es por tiempo indefinido, autorizando la operación y explotación de 18 establecimientos.

Aunque la dependencia concluye que no existen irregularidades relevantes de hacer notar, precisa que los accionistas originales se encuentran el litigio con los actuales.

En las dos administraciones de extracción panista se otorgaron a este permisionario cuatro cambios de domicilio de casinos, en un contexto en que las autoridades locales regularmente autorizan la apertura de casinos, aunque se encuentren en sitios prohibidos.

El artículo noveno de la ley actual indica: Ningún lugar en que se practiquen juegos con apuestas o se efectúen sorteos podrá establecerse cerca de escuelas o centros de trabajo.

En julio de 2006 le fue autorizada a este permisionario la instalación y operación de máquinas tragamonedas.