En una decisión que causará polémica, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejará en libertad a Alfonso Martín del Campo Dodd, sentenciado a 50 años de prisión por el asesinato de su hermana y su cuñado, en razón de que fue torturado para que reconociera su culpabilidad en el homicidio ocurrido el 30 de mayo de 1992.

Trascendió que el proyecto –elaborado por el ministro José Ramón Cossío– propone la libertad del acusado y contaría con el apoyo de al menos dos ministros más, lo que sería suficiente para alcanzar la mayoría de tres votos para avalarlo.

De confirmarse la decisión, será la primera vez que los ministros del máximo tribunal conceden un reconocimiento de inocencia con base en que el acusado fue víctima de tortura para inculparse, y sentará un precedente para que las procuradurías General de la República y de las entidades cumplan con el debido proceso y dejen de utilizar ese práctica ilícita para lograr la confesión de presuntos delincuentes.

El dictamen propone invalidar la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal que condenó a Del Campo Dodd por la muerte de su hermana Patricia, así como el esposo de ésta, Gerardo Zamudio Aldaba.

De acuerdo con el expediente, el día de los hechos Alfonso fue detenido y admitió su culpabilidad en su declaración ministerial. Sin embargo, al rendir su declaración preparatoria alegó que había sido torturado para que reconociera su responsabilidad. Aun así, el juez de la causa lo sentenció por el delito de homicidio calificado. La pena fue confirmada en todas las instancias.

No obstante, desde un inicio diversas organizaciones nacionales y extranjeras, entre éstas la Contraloría Interna de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunciaron que la detención de acusado fue arbitraria, que recibió tratos crueles y denigrantes de policías capitalinos y que el proceso penal en su contra estuvo plagado de irregularidades.

En noviembre pasado, a petición del ministro Arturo Zaldívar, la SCJN admitió el recurso de reconocimiento de inocencia de Alfonso del Campo, con el argumento de que era importante que el máximo tribunal revisara no sólo el tema de la tortura, sino también que para el Poder Judicial era obligatorio el dictamen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que documentó los tratos inhumanos en agravio del acusado, suficientes para anular el proceso penal en su contra.