José Manuel Mireles, ex vocero de los grupos de autodefensa de Michoacán, optó este lunes por reservarse su derecho a declarar, y frente a un juez federal con sede en Hermosillo, Sonora, escuchó en silencio las acusaciones que enfrenta por portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército Mexicano y posesión de mariguana con fines de distribución, informaron fuentes del Poder Judicial Federal (PJF).

El juzgado que conoce de su asunto tiene hasta el próximo 6 de julio para resolver la situación jurídica de Mireles, ya sea con auto de libertad o de formal prisión, pues el inculpado pidió la duplicidad del plazo de término constitucional.

En tanto, Talía Vázquez, abogada del detenido, informó que tramitó una demanda de amparo por supuestos actos de incomunicación, tortura, tratos crueles y degradantes y otras violaciones a sus derechos humanos de los que habría sido víctima su defendido.

El juzgado segundo de distrito de Hermosillo sólo recabará la declaración preparatoria de Mireles en un procedimiento jurídico conocido como exhorto, pero será el juez Jorge Armando Wong Aceituno, del juzgado quinto de distrito en Uruapan, Michoacán, el que resolverá la situación jurídica del ex vocero de las autodefensas.

Si este juez opta por dictar la formal prisión, se iniciará un procedimiento penal que puede durar varios años antes de concluir con una sentencia de primera instancia.

El doctor Mireles fue detenido el pasado viernes en Michoacán junto con tres de sus escoltas, los cuales también están presos, pero en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4, ubicado en Tepic, Nayarit.

La Procuraduría General de la República (PGR) y el Consejo de la Judicatura Federal informaron ayer que el juez Wong calificó de legal la detención de Mireles, es decir, certificó que en el operativo de detención se respetaron los derechos humanos y garantías constitucionales del imputado.

En entrevista telefónica, la abogada Talía Vázquez explicó que Mireles fue trasladado a un penal federal con sede en Sonora, sin que se cumplieran las formalidades esenciales del procedimiento de averiguación previa.

El doctor José Manuel Mireles no poseía armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas, insiste su abogadaFoto María Meléndrez Parada

Ya estamos promoviendo el amparo respecto del trasladado, en el que alegamos que el juez que lo debe juzgar está en Michoacán, por lo que no debe permanecer en otra entidad ajena a esa; asimismo, estamos alegando que debido a su estado de salud requiere de cuidados intensivos y debería estar en un hospital bajo cuidados médicos, refirió la litigante.

Según Vázquez, Mireles fue torturado sicológicamente por los policías federales que lo detuvieron. La tortura consistió en que cuando detuvieron al doctor, inmediatamente le taparon la cabeza con una capucha de tela, y al darse cuenta que aún podía ver, le vendaron los ojos y lo obligaron a mantenerse con la cabeza agachada mientras los policías se burlaban de él durante más de cinco horas.

La defensora rechazó que Mireles hubiera sido detenido en posesión y portación de armas largas, entre ellas un rifle R-15 y otros de uso exclusivo del Ejército Mexicano, como asegura el parte policiaco mediante el cual fue consignado ante un juez en Hermosillo.

Añadió que también fue presentada una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por la probable violación a derechos naturales en perjuicio de Mireles, ya que de confirmarse que sufrió tortura sicológica y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, los agentes aprehensores habrían violado no sólo artículos de la Constitución mexicana, sino diversos tratados internacionales en materia de garantías individuales.

La abogada del ex vocero de las autodefensas michoacanas resaltó que se encuentra analizando fotografías y otras documentales para poder determinar qué escoltas del ahora detenido efectivamente estaban armados al momento de su aprehensión.

Estamos revisando fotografías para tener detalladamente una idea clara de cuáles de sus escoltas estaban armados, pero si las portaban es porque estaban registradas y tenían derecho de portación de las mismas; es un trámite que el propio comisionado del gobierno federal para la seguridad en Michoacán (Alfredo Castillo) sabía de su existencia, concluyó.