e hinojos, atadas las manos sobre las espaldas, rodeados de militares y policías enmascarados, los autodefensas michoacanos que no se sometieron a la voluntad gubernamental no sólo fueron aprehendidos, sino humillados. Para que quedara claro el carácter ejemplar de su castigo, varios fueron trasladados a un penal en Nayarit.
Más lejos aún fue llevado su líder, el doctor José Manuel Mireles. Como si fuera uno de los criminales a los que él persiguió, fue enviado al penal federal de alta seguridad número 11, en las afueras de la capital sonorense.
En la costa michoacana, los policías comunitarios, muchos de ellos indígenas nahuas, respondieron al agravio bloqueando la carretera que une al estado a Guerrero y Colima. Algunos centenares de ciudadanos se movilizaron en Morelia y otras ciudades de la entidad para demandar la libertad del médico.
Simultáneamente se libró un nuevo pulso entre las redes sociales y la mayoría de los medios de comunicación, tanto escritos como electrónicos. Mientras decenas de miles de tuits con la etiqueta #LiberenaMireles expresaron la indignación ciudadana contra la aprehensión, una furibunda campaña de prensa demonizó al vocero de las autodefensas.
La detención de José Manuel Mireles hizo evidente el fracaso de una estrategia que buscó separar el comportamiento del comisionado Castillo de la política del gobierno federal. El médico insistió una y otra vez en que su lucha no era contra el gobierno, sino contra el crimen organizado. Criticó de manera sostenida y con amargura al comisionado Alfredo Castillo, pero fue cuidadoso con el presidente Peña Nieto.
La aprehensión de Mireles ha tenido, en lo inmediato, un costo alto para el gobierno federal. De entrada, lo convirtió en un justiciero inclaudicable, víctima de la intolerancia gubernamental. Cuando surgió como vocero de las autodefensas era un personaje de claroscuros. Lo mismo firmaba pactos con las autoridades que se zafaba de ellos. Sin embargo, a partir de ahora, para muchos, es un héroe sin matices. Su figura política creció. Es ya una figura nacional.
Por lo pronto, aunque no sea el único, es el preso político más famoso del sexenio. Las campañas nacionales e internacionales para pedir su libertad serán una molestia constante para la administración de Peña Nieto. La notoriedad que no han alcanzado los policías comunitarios de Guerrero injustamente detenidos, la tiene el doctor Mireles.
Para sectores importantes de la sociedad, el mensaje que la administración de Peña Nieto ha enviado es muy grave. Lo menos que se dice en las redes sociales es que el gobierno está coludido con el narco y que la detención de Mireles lo demuestra. Él está en la cárcel por no pactar con los malosos. Mientras La Tuta está libre, el médico está preso.
Un costo adicional ha sido que los asuntos de inseguridad pública e impunidad vuelvan a airearse en los medios masivos de comunicación. Si desde que llegó a Los Pinos, Enrique Peña Nieto ha buscado sacarlos de la agenda pública, la aprehensión de Mireles los pone nuevamente en el centro del debate. La paz de oropel que se quiso vender en Michoacán con bombo y platillo está en entredicho.
La detención de Mireles fue una medida del Grupo Atlacomulco para controlar Michoacán desde abajo. Con el objetivo de manejarlo desde arriba, el pasado 20 de junio se designó a Salvador Jara, rector de la Universidad Michoacana, como nuevo gobernador de la entidad. Para que no quedaran dudas sobre el origen de su nombramiento, en su discurso de toma de posesión el mandatario dio las gracias al comisionado Alfredo Castillo y al presidente Enrique Peña Nieto.
Salvador Jara será, durante los 15 meses que le quedan al frente del cargo, una figura decorativa, dependiente de Castillo y del centro. Su ventaja es que no pertenece a ningún grupo político. Su misión es desmantelar la fuerza del ex secretario de Gobierno Jesús Reyna, recomponiendo el gabinete. Podrá así cobrarse las afrentas que el hoy encarcelado le hizo cuando se encontraba al frente de la rectoría.
La primera opción de Alfredo Castillo para sustituir al gobernador saliente Fausto Vallejo era el secretario de Seguridad Pública Carlos Hugo Castellanos Becerra. Sin embargo, el priísmo local, en el que Jesús Reyna sigue teniendo gran influencia aunque esté en la cárcel, no lo dejó pasar. Sonó así la hora de Salvador Jara, con quien el comisionado Castillo tiene una excelente relación personal. Finalmente los diputados del tricolor fueron llamados a la ciudad de México para recibir línea.
El PRD también dio su beneplácito. No en balde una de las primeras medidas de Jara como rector fue poner al frente de la fundación universitaria a Cuauhtémoc Cárdenas. Atrás quedaron los días en que Silvano Aureoles lo acusó de ser priísta.
La negociación final con los partidos fue exitosa. No obstante que la designación de Jara es un claro atropello a la autonomía estatal, sólo dos legisladores se abstuvieron de aprobar su nombramiento. Falta ver qué obtuvieron a cambio.
Como rector, Salvador Jara chocó en varias ocasiones con los sindicatos y los movimientos estudiantiles. Ante su falta de vocación negociadora, varias huelgas estallaron dentro de la institución. Sus enemigos lo acusaron de que la universidad era manejada por su secretaria Rosa María Alatorre. Nunca resolvió el problema de las finanzas. La institución está en bancarrota. Sin embargo, supo navegar con éxito en las aguas del perredismo y del priísmo.
La apuesta del comisionado Castillo por controlar la entidad abajo y arriba está en el aire. ¿Tiene el control de las otras autodefensas? ¿Va a intensificarse la confrontación social? ¿El éxito de la etiqueta #LiberenaMireles en las redes sociales estará acompañado de movilizaciones ciudadanas más allá de Michoacán? Si no hay una respuesta social relevante a la detención de Mireles, ésta será el punto de quiebre definitivo en favor de la estrategia de Enrique Peña Nieto en la entidad, cualquiera que ésta sea.
Twitter: @lhan55
