ecir Tlachinollan es reconocer la valentía y compromiso ético de su director fundador, Abel Barrera, y del amplísimo número de defensores y defensoras que han dado sentido a ese proyecto. También es evocar algunos de sus casos emblemáticos: campesinos ecologistas presos Teodoro Cabrera García y Rodolfo Montiel Flores; la comunidad mixteca de Mini Numa; el trabajo con migrantes, jornaleros y jornaleras; la Radio Comunitaria Ñomdaa del municipio autónomo de Suljaá; Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú; la Normal de Ayotzinapa; Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores a la Presa La Parota (Cecop) –hoy más que nunca es reivindicar justicia para Marco Antonio Suástegui Muñoz, líder encarcelado como anuncio premonitorio de que pretenderán reabrir el proyecto tantas veces suspendido que constituye un triunfo sin precedentes y uno de los movimientos más consecuentes en la historia del país–.
Las autoridades de la Comunidad Indígena Me’phaa de San Miguel del Progreso-Júba Wajiín y su amparo inédito recién logrado contra las concesiones mineras entregadas en su territorio denunciaron que el gobierno federal, al pretender revertir esa inédita resolución , niega la existencia del derecho a la consulta previa tratándose de concesiones mineras; por ello solicitan a la Suprema Corte resolver en definitiva el caso y analizar la inconstitucionalidad de la Ley Minera, la que ha cobijado el otorgamiento indiscriminado de concesiones que son sinónimo de despojo y devastación, así como de pérdida de soberanía en favor del capital trasnacional.
Decir Tlachinollan es evocar el acompañamiento a los procesos sociales y el uso estratégico del derecho, igual en tribunales nacionales que en el sistema interamericano. Otra dimensión de su aporte radica en la lucha junto a la Red Todos los Derechos para Todas y Todos en el ámbito de las propuestas de reformas, como es el tema del fuero militar. Los informes que desde la Montaña de Guerrero ha difundido retratan el rostro verdadero de la impunidad de Estado y el corazón de la dignidad con la que los pueblos la enfrentan desde la marginalidad en los índices de cumplimiento y acceso a sus derechos económicos, sociales y culturales. Destacan: la Montaña de Guerrero, tierra de mujeres migrantes; Digna rebeldía: Guerrero, el epicentro de las luchas de resistencia; jurisdicción militar y derechos humanos. La autoridad moral y legitimidad con que analiza la crisis de la policía comunitaria, proyecto que ha defendido desde sus inicios, expresan otro de sus rasgos al enfrentar sin concesiones problemáticas que deben superarse y a la vez estar dispuestos a intervenir y mediar como en días recientes. Con los sucesivos gobiernos han mantenido un diálogo enérgico sin concesiones siempre en defensa de las víctimas.
Justamente llegan a su vigésimo aniversario con dos casos cuya resolución implicará impacto a todos los pueblos: el ya referido de impugnación a la Ley Minera y la evidente criminalización del líder del Cecop. Ambos tocan el centro de la embestida neoliberal del Estado mexicano. Me atrevo a plantear que la estrategia contrainsurgente de formar y financiar paramilitares ya queda como simple eslabón, pues lo que observamos es la transformación del Estado en una suerte de paraestado
al servicio del capital trasnacional. Sólo veamos el sentido de las llamadas reformas estructurales. Da la impresión de que el avance de los movimientos de resistencia y su oposición a proyectos estratégicos, como el caso de la hidroeléctrica La Parota, están generando la convicción de Estado de detenerlos a costa de lo que sea.
Guerrero, sabemos, no es el único laboratorio de esta política. Veamos Puebla, Morelos, Michoacán. Revisemos también la lista de detenidos en penales de alta seguridad y ahí encontraremos a Nestora Salgado y hoy a Marco Antonio Suástegui en el Centro Federal de Readaptación Social 4, en Tepic, Nayarit. Más de un centenar de organizaciones internacionales y nacionales, así como personas solicitaron al juez que resolvería la situación jurídica del líder de Cecop que analizara la insuficiencia de pruebas que acreditarían la acusación de tentativa de homicidio, así como las diversas violaciones al debido proceso que precedieron su traslado a Nayarit , poca consideración tuvieron tales argumentos, pues fue reclasificado a lesiones agravadas y se declaró el auto de formal prisión; incluso se conoció que en Acapulco se dictaron cuatro nuevas órdenes de aprehensión por robo agravado, amenazas, ataques a las vías generales de comunicación, motín y sabotaje; todas con base en supuestos hechos cometidos durante diversas movilizaciones. ¿Cómo individualizar la responsabilidad en acciones políticas colectivas a no ser por consigna de Estado? De ese tamaño son los retos inmediatos de Tlachinollan y los nuestros.
