Ni la inconformidad ni el malestar surgidos entre diversos sectores de la población por las disposiciones en las leyes secundarias de la reforma energética, que permiten el despojo de tierras ejidales y comunales en favor de trasnacionales petroleras, han logrado que el gobierno federal acepte modificar esa regulación.

Incluso en las negociaciones que lleva a cabo con el PAN en torno a esas normas no ha aceptado que se elimine la disposición de expropiar terrenos a propietarios que no acepten el precio que los consorcios extranjeros ofrezcan por ellos.

El senador panista Francisco Búrquez reveló que dejar fuera la figura de expropiación es parte de los cambios que su bancada ha planteado, pero no hemos logrado que el gobierno los acepte. Dijo que el PAN propone también que las tierras no se vendan, sino que se alquilen y sus propietarios reciban una buena renta, además de algún porcentaje de las utilidades que obtenga la empresa petrolera o de electricidad.

Al respecto, los senadores Dolores Padierna y Luis Sánchez (PRD) advirtieron que puede haber un estallido social, ya que tanto en la ley de hidrocarburos como en la de la industria eléctrica y la de órganos reguladores se ordena un régimen excesivo y abusivo que obliga a los propietarios a llegar a un acuerdo con las empresas extranjeras sobre el valor de sus propiedades, ya que, de lo contrario, en un plazo de 10 días la Secretaría de Energía decretaría la expropiación de los mismos por causa de utilidad pública.

Es un régimen de privilegio para las trasnacionales que desampara a los propietarios privados y a los pueblos y comunidades indígenas frente a las firmas extranjeras. Entre otras cosas, establece que el valor de los terrenos no se fijará con base en el petróleo o gas que contengan, sino de acuerdo con el precio inmobiliario de mercado.

Incluso, los mexicanos estaban más protegidos antes de la expropiación petrolera, ya que de acuerdo con la legislación de 1925 en la materia, las compañías extranjeras debían pagar 11 por ciento de sus utilidades a los dueños de los terrenos donde explotaban los hidrocarburos, comentó el senador Sánchez.

Por su parte, Padierna comentó que uno de los aspectos más indignantes de la legislación energética son las llamadas servidumbres o zonas de salvaguarda, que ponen en riesgo la propiedad privada consagrada en la Constitución, así como la social.

Destacó que la propuesta de leyes reglamentarias del presidente Enrique Peña Nieto “transcribe la regulación de Estados Unidos en la materia, con contratos que incluyen los recursos energéticos y el terreno en que están localizados, pero con un procedimiento aún más perverso, que comienza con dar al Ejecutivo federal facultades para determinar las zonas de salvaguarda”.

Es decir, aquellas que el mapa del subsuelo marca con inmensas riquezas de hidrocarburos, recursos geotérmicos, de agua, minerales o de gas, pero también las superficies donde se instalarán los nuevos negocios pactados ya con las trasnacionales y los magnates mexicanos: plantas generadoras de electricidad, centros de generación, gasoductos, termoeléctricas, plantas geotérmicas y redes de interconexión, entre otras”.

La mayor perversidad consiste en declarar causa de utilidad pública la expropiación de tierras y sus bienes, en beneficio de consorcios extranjeros y a costa de los derechos de los pequeños ejidatarios, las comunidades y la propiedad social.

Estos últimos estarán obligados a llegar a acuerdos sobre sus tierras y bienes con las empresas extranjeras, mediante un procedimiento que incluye cotizaciones a valor de mercado pero cuyo precio lo determinará el Instituto Nacional de Avalúos, que siempre opera en función de favorecer a los poderosos, imponiendo precios castigados a las tierras comunales, desde los cinco pesos hasta 240 por hectárea.

Por eso se pretende imponer en la ley que en los avalúos no se incluya la riqueza que haya en el subsuelo, que tampoco se pueda compartir ésta con los habitantes actuales de la superficie: la contraprestación no será proporcional al valor de los hidrocarburos.

Se anulan, recalcó, las facultades de la Procuraduría Agraria para que no haya ninguna instancia en la que ejidatarios y comuneros puedan reclamar su derecho de propiedad. Además de que se puede sancionar con multas a quienes se opongan a la expropiación o nueva ocupación de los terrenos.

De aprobarse en esos términos las leyes energéticas, es previsible que ocurran protestas y conflictos sociales, ya que la experiencia internacional muestra que las trasnacionales acuden a todo tipo de abusos y presiones para quedarse con las tierras, recalcó el senador Sánchez

Entrevistado por separado, Francisco Búrquez dijo que su grupo parlamentario está peleando en las negociaciones con el gobierno federal para que se garantice al afectado “su derecho a la propiedad y se le dé una participación de las utilidades futuras.