l juez Thomas Griesa de Nueva York rechazó el pedido de Argentina de unos días más para negociar con los fondos buitres que quieren llevar al país a la cesación de pagos técnica, cuando el plazo para pagar vencerá el 31 de julio. Esta nación ya giró mil millones de dólares para liquidar regularmente su cuota a 93 por ciento de bonistas que habían aceptado anteriormente el canje de deuda por nuevos papeles. Tales fondos pidieron el embargo de ese pago que el juez Griesa juzgó ilegal, aunque éste no aceptó y en cambio ordenó devolver el depósito de esos fondos a Argentina, y ordenó también a ésta negociar el pago con el fondo buitre que compró bonos de la deuda de ese país por 48.7 millones de dólares; no sólo pretende cobrar mil 330 millones, sino que también abre el camino para que los acreedores que en 2005 habían aceptado recibir menos de 100 por ciento, ahora hagan juicio y obtengan desde un mínimo de 15 mil millones de dólares de inmediato hasta cerca de 100 mil millones de dólares a plazo medio.

El gobierno argentino –que no contrajo esa deuda, la cual comenzó con la dictadura, pero sí la reconoció y aceptó que los problemas eventuales fuesen dirimidos en Nueva York, poniendo la soga al cuello del país– ha pagado ya 198 mil millones de dólares. En caso de verse obligado a la cesantía de pagos, todo ese esfuerzo económico sería anulado, así como su intento de lograr nuevos créditos e inversiones extranjeras, e incluso la posibilidad de contar con capitales extranjeros para la extracción del petróleo de Vaca Muerta.

El Fondo Monetario Internacional, el bloque de 169 países más China en Naciones Unidas, la UNCTAD, la Unasur, el gobierno francés y el propio gobierno de Obama han criticado el fundamentalismo económico de Griesa y de los fondos buitres, pero insisten, como Shylock, el mercader de Venecia de Shakespeare, en cobrar la libra de carne prometida en un contrato comercial cortado junto al corazón del deudor, para escarmiento de otros.

Argentina acaba de pagar su cuota normal a los acreedores que se acogieron al cambio de bonos (rechazada por el juez) e incluso podría pagar 15 mil millones de dólares más reduciendo a la mitad sus reservas actuales de divisas. Pero, ¿a cuál costo? El país está en recesión: la balanza comercial es deficitaria, las exportaciones caen hace ya varios trimestres, empiezan en la industria las suspensiones y los despidos de trabajadores agravando la tensión en el plano laboral, la inflación aumenta pese a todos los esfuerzos por contenerla regulando los precios (cosa imposible en el actual sistema, dado el carácter monopolista y la enorme concentración de la empresas productoras o de la distribución que forman los precios). Sin nuevas inversiones productivas extranjeras y sin créditos masivos, si su deuda inmediatamente cobrable aumentase vertiginosamente a pesar de todos sus pagos anteriores y aunque su débito externo actual representa sólo 46 por ciento de su producto interno bruto, el país retrocedería 15 años desde el punto de vista económico y volvería a la situación caótica que precipitó el default después de 2001. En pleno proceso electoral para la elección de un nuevo presidente, el gobierno se vería entonces obligado a suprimir los subsidios a los servicios (electricidad, agua, gas), al transporte urbano y suburbano y a los sectores más pobres de la población. También tendría dificultades para pagar a los jubilados y a los trabajadores estatales (que, como los docentes, ya cobran muy bajos salarios). La pobreza y la miseria aumentarían velozmente, y Argentina sobre todo debería enfrentar enormes y combativas huelgas contra la desocupación, la inflación y el cierre de empresas de un movimiento obrero que se ha rejuvenecido y que desde los años 90 ha aumentado en número y en confianza, y en el cual la burocracia sindical –instrumento estatal de contención– ha sido fuertemente debilitada por el gobierno de Cristina Fernández y está siendo desbordada por una izquierda combativa y politizada que crece en las tendencias internas sindicales opositoras o incluso fuera del sindicato bajo la forma de comisiones internas en las grandes fábricas y en los servicios estratégicos (ferroviarios, metro, transporte urbano).

El juez Griesa, como buen ciudadano medio de Estados Unidos, ve el mundo a través del agujerito de un alfiler en un muro que separaría a su país –y sobre todos los problemas políticos internos del mismo– del resto del mundo. Como el Tea Party, con mentalidad cavernícola que era ya reaccionaria en el siglo XIX, no tiene en cuenta ni que Estados Unidos no ha superado su crisis (el PIB incluso cayó nuevamente) y que necesita credibilidad internacional por ser el principal estado deudor del mundo, ni que su fallo establecerá un precedente terrible, pues ningún país osará renegociar su deuda por temor a pagarla y a tener que volver a seguir pagándola, siempre al borde de la cesación de pagos. Por otra parte, no le interesa el precedente de la deuda de Chipre (que se resolvió con importantes quitas también a los acreedores) ni el apoyo a Argentina de Brasil, Rusia, India y China. Griesa, con tal de cobrar la libra de carne establecida en el contrato medieval está dispuesto a aceptar el diluvio universal de críticas y protestas por la imposición a un país dispuesto a pagar y que es pagador serial de una cesantía de pagos que es socialmente criminal.

Una vez más, las deudas de la dictadura son ilegítimas. Quienes compraron bonos de los usurpadores conocían los riesgos y especularon. La deuda externa debe ser auditada y la parte legítima sólo puede ser pagada sin lesionar el nivel de vida y de empleo de argentinos e inmigrantes. Para crear las condiciones para pagar esa parte se debe comenzar por estatizar el comercio internacional de granos, crear un impuesto a las grandes empresas y reestructurar el sistema productivo argentino. Eso es mucho para el gobierno neodesarrollista y para la oligarquía argentina.