El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Manuel Granados Covarrubias, descartó que se vaya a convocar a foros públicos en el proceso para dictaminar la iniciativa de ley de agua y sustentabilidad hídrica de la ciudad de México.

Sin embargo, afirmó que serán consideradas todas las observaciones que se reciban no sólo de los legisladores –como las 40 de la diputada Ernestina Godoy– sino externas, como las del Mecanis- mo de Seguimiento y Evaluación (MSyE) del Programa de Derechos Humanos del DF (PDHDF).

El también presidente del grupo parlamentario del PRD aseveró que temas que han generado mayor inquietud entre diversos sectores, particularmente la sociedad civil, han quedado rebasados, ya que la iniciativa que envió el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, asegura que los servicios a cargo del gobierno no podrán ser privatizados y se garantiza la accesibilidad como un derecho humano.

Agregó que en el caso de la inquietud de los legisladores en cuanto a quitarle a la ALDF la facultad para decidir sobre las tarifas del suministro, la propuesta del Ejecutivo federal que tiene como finalidad convertir al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) en un organismo público descentralizado, establece un mecanismo en el que el jefe de Gobierno, en su calidad de presidente de la junta de gobierno, será quien propondrá los ajustes a las tarifas y esta propuesta será revisada por el legislativo.

Granados señaló que en el caso de las observaciones de la diputada Godoy se resolvieron ya en 90 por ciento y también se procesarán las que envió la secretaria técnica del MSyE del PDHDF, Marcia Itzel Checa Gutiérrez.

Entre las propuestas del MSyE se mandata a la ALDF a eliminar en la ley la referencia a que el agua se considere un bien económico y otra para que incluya la referencia a la dotación de agua para consumo humano promedio mínima, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).