a detención de José Manuel Mireles, ex integrante del Consejo de Autodefensas de Michoacán, ocurrida ayer a manos de fuerzas federales, constituye un ejemplo claro de la aplicación facciosa de la justicia y la distorsión del estado de derecho a que ha sido llevada esa entidad en los últimos meses y que se ha agudizado a partir de la intervención del gobierno federal en el escenario michoacano y la virtual anulación de la soberanía estatal.
Es de destacar, en primer lugar, la falta de consecuencia de un gobierno federal que anuncia cero tolerancia a los grupos de civiles armados semanas después de que se sirvió de ellos para perseguir y abatir a presuntos cabecillas de organizaciones delictivas. Cabe recordar, al respecto, la participación de grupos de autodefensas –según relató el propio Mireles– en el operativo que derivó en la muerte de Nazario Moreno, El Chayo, supuesto fundador de Los caballeros templarios.
Es significativo que, poco antes de su captura, Mireles y los suyos habían avanzado y tomado el control de la localidad de La Mira, municipio de Lázaro Cárdenas.
Resulta por principio indeseable –ciertamente– que el Estado permita la presencia descontrolada de grupos de ciudadanos armados, menos aún en un entorno tan explosivo y violento como el michoacano. Pero en el caso comentado el discurso oficial pasa por alto –porque así parece convenir a sus intereses– que la presencia de esos grupos es consecuencia, no causa, de una anulación de la legalidad provocada originalmente por la tolerancia y la pasividad de la propia autoridad ante el accionar de las organizaciones delictivas que operan en la referida entidad, lo cual obligó a diversos sectores de la población michoacana a tomar las armas para defenderse. Esa omisión fue agravada por una estrategia gubernamental que, lejos de restaurar la paz y el estado de derecho, multiplicó los factores de tensión y encono en los territorios en conflicto, al permitir primero la proliferación de grupos de autodefensa y emprender, después, una campaña de criminalización y persecución contra algunas de ellas, que comenzó con el injusto encarcelamiento de Hipólito Mora y continúa ahora con la captura de Mireles Valverde.
En ese sentido, las acusaciones en contra del dirigente de Tepalcatepec –violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos– aparecen como una mascarada de justicia para dar soporte formal a la captura de un personaje cuya verdadera falta
, según puede verse, ha sido mantener una postura menos complaciente hacia el gobierno que las de otros líderes de autodefensas, y rechazar sistemáticamente las acciones de empadronamiento y desarme de guardias civiles implantadas en Michoacán por la administración de Enrique Peña Nieto.
Por lo demás, la continuidad de la violencia y la profundización de la crisis institucional y política en la entidad, y el hecho de que las organizaciones delictivas que ahí operan no hayan sido desmanteladas ni afectadas de forma sustancial en sus negocios, terminan por dar la razón a quienes, como el propio Mireles, han criticado la inutilidad de las acciones gubernamentales y las han señalado como una forma de desmovilizar a los sectores de la sociedad que decidieron alzarse contra la delincuencia organizada.
En suma, la captura del fundador de las autodefensas michoacanas es una exhibición más de la conducta errática, sesgada y turbia del gobierno federal en Michoacán, y pudiera resultar, además, en una maniobra contraproducente para el propio gobierno: si las autoridades federales no emprenden a la brevedad un operativo policial o militar –similar o mayor al lanzado contra Mireles– para desmantelar a las organizaciones delictivas que operan en territorio michoacano, la sociedad tendrá razones sobradas para cuestionar el presunto afán legalista del peñismo en esa entidad.
