En una decisión histórica, el Poder Judicial de la Federación (PJF) ordenó que diversos cuerpos de seguridad del Estado expliquen su actuación en el caso de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, desaparecidos en mayo de 2007 en Oaxaca, e integren una comisión especial para dar con su paradero.

El pasado 19 de junio, señaló el abogado Sandino Rivero, el noveno tribunal colegiado en materia penal del primer circuito emitió dicha resolución, que obliga a la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Federal, la Procuraduría General de la República, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional y el gobierno de Oaxaca, a que los funcionarios posiblemente involucrados en el delito comparezcan para rendir cuentas sobre el caso.

De igual forma, las dependencias mencionadas deberán buscar a Reyes Amaya y Cruz Sánchez en todas las instalaciones militares o policiales del país, donde ambos hombres hayan podido ser detenidos o aun enterrados y hacer diligencias de identificación forense, si es el caso, para lo cual se deberá nombrar a una comisión especial.

Esta decisión es histórica y puede marcar la pauta en el tema de las desapariciones forzadas. Desde que se empezó a exterminar a luchadores sociales en los años 70 nunca se había creado una comisión especial del gobierno para buscar a dos personas, y menos si están vinculadas a la guerrilla, en este caso al Ejército Popular Revolucionario, indicó Rivero.

El fallo del PJF, señaló, podría influir en otros casos de desaparición forzada, pues mediante un amparo los familiares de las víctimas podrían exigirle a los magistrados que ordenen la realización de diligencias que los agentes del Ministerio Público no hayan hecho, incluso citar a servidores públicos como presuntos responsables y llevar a cabo exhumaciones en campos militares.

El litigante especialista en temas de derechos humanos enfatizó que si las autoridades no cumplen el fallo estarían incurriendo en desacato.