La reforma constitucional a telecomunicaciones que realizó México el año pasado se fortalecerá si la ley secundaria respeta las facultades y autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel); ordena que la preponderancia se declare por servicio y en ella se incluya la televisión de paga, y si el gobierno y los legisladores logran no ser rehenes de las empresas de comunicación, señaló Ángel García Castillejo, ex consejero de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de España.

En ese país apenas en mayo pasado entró en vigor la nueva Ley General de Telecomunicaciones que suplió a la de 2003, y que es resultado del trabajo conjunto con la Unión Europea. Con la experiencia reciente y con todo respeto a la soberanía mexicana, el especialista sugirió que los legisladores mexicanos analicen la inconveniencia de aplicar tarifa cero a los servicios de interconexión en la red de Teléfonos de México (Telmex) porque inhibiría la inversión del preponderante y la de los concesionarios a los que se facilite de manera gratuita la entrada a su red.

Señaló que uno de los mayores riesgos que enfrentarán los países democráticos es el poder que acumulan los grupos de comunicación y la presión que ejercen sobre los estados que terminan por convertirse en rehenes de la mediocracia.

García Castillejo describió un círculo perverso en el que a su vez los medios de comunicación buscan ser legitimados desde su poder mediático y sustituir a los poderes democráticos, de ahí la importancia que los reguladores sean verdaderamente independientes y que el gobierno no caiga en la tentación de mantener el control de las telecomunicaciones y la radiodifusión.

Explicó que en España si bien se creó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que regula todos los sectores liberalizados, también el gobierno recuperó facultades que desde 1996 eran facultad de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, como la gestión de numeración, registro, títulos habilitantes.

En el caso de México está ocurriendo algo similar, pero en un periodo más corto, que es entre la reforma constitucional y la aprobación de la legislación secundaria. De acuerdo con la propuesta del gobierno federal la Secretaría de Gobernación regularía algunos contenidos, la Secretaría de Comunicaciones se haría cargo de las decisiones sobre la red de fibra de la Comisión Federal de Electricidad y la red que se integre con la recuperación de la banda de 700, entre otras medidas.

García Castillejo dijo que los grupos de comunicación, y en esto no hay ningún pudor, lo dicen, lo han dicho y seguro que lo seguirán diciendo: prefieren que la autoridad en estos sectores esté en manos de los gobiernos y no de reguladores independientes, que son más difíciles de controlar o seducir.