Las demandas penales contra médicos resurgieron en el país en los años recientes derivado de la dificultad de acreditar la responsabilidad patrimonial del Estado. Esta figura debería ser la vía idónea para atender la mayoría de los casos de mala práctica médica, debido a que las instituciones son responsables de lo que hacen sus doctores, afirmó el abogado Pedro Morales Aché.

Sobre todo, agregó, ante la complejidad que implica acreditar cuál de los trabajadores de la salud involucrados en la atención de enfermos incurrió en falta y, en su caso, originó el daño al paciente. Sin embargo, las denuncias por responsabilidad patrimonial son desatendidas por las instituciones que simplemente las archivan, señaló.

Morales Aché es especialista en litigios sobre temas de salud y en entrevista comentó sobre la movilización social que generó la acusación contra 16 médicos del Centro Médico de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Lo definió como tema complejo porque las causas de inconformidad con la práctica médica son variadas y van desde las carencias que enfrentan los galenos para el desempeño de sus actividades en equipamiento, métodos diagnósticos y de medicamentos, hasta incumplimiento de protocolos y guías de práctica médica.

Ahí radica la dificultad para acreditar la responsabilidad y/o deslindar la de profesionistas de la salud.

Recordó que hace alrededor de tres años la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió jurisprudencia para que las denuncias contra las instituciones se resuelvan por la vía de la responsabilidad patrimonial, lo que implica presentar la queja ante la Secretaría de Salud y luego ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.

Una vía alterna debería ser la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), pero está acotada en sus funciones por ley y por acuerdos que ha suscrito con el Seguro Social y el Issste, de tal suerte que ante una queja de negligencia médica tiene que avisar al organismo involucrado y éste, a su vez, realizar una investigación interna y emitir una resolución.

Otra limitación clara de la Conamed es que como organismo desconcentrado recibe órdenes de la Ssa; la más reciente, no dar ningún tipo de información relacionada con los médicos del IMSS o la movilización nacional del gremio en apoyo a sus colegas. Así lo informó a La Jornada el área de comunicación social de la comisión.

Otra posibilidad para la resolución de conflictos médico-pacientes es la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pero tiene el inconveniente de la falta de claridad sobre los criterios para admitir los asuntos a investigar, comentó.

En el Senado, la presidenta de la Comisión de Salud, Maki Ortiz, advirtió que en el proceso judicial que se sigue a los médicos del IMSS de Guadalajara se debe contar con peritos especializados en infectología, que son los que podrán determinar la actuación de los galenos.

La senadora panista señaló que si bien los familiares del joven tienen derecho a buscar una segunda instancia, no puede perderse de vista que hay un primer dictamen elaborado por la Conamed en el que se establece que los 16 médicos actuaron de manera correcta. Por otra parte, aunque el pasado martes se aprobó en comisiones de la Permanente convocar a reunión al titular de la Conamed, el dictamen quedó pendiente hasta la próxima sesión ya que no se juntaron todas las firmas.

(Con información de Andrea Becerril y Víctor Ballinas )